Alfredo Cerezales: "Hay tres casos de los que se habla mucho pero aquí el urbanismo no está judicializado"

-Regulación creo que tenemos bastante. Desde el año 1997, además de la legislación estatal, aparecieron toda una lista de normativas autonómicas. Aquí en Galicia desde aquel momento pasaron tres: la del 97, la Louga, y la nueva Ley del Suelo de Galicia que ahora se está tramitando. Ésta es una ley continuista con respecto a la anterior.

-¿En qué aspectos la considera continuista?

-Es continuista en cuanto a los grandes conceptos. Sí que es cierto que hace una encomiable intento de simplificar tramitaciones y pone de manifiesto que los Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM) son muy difíciles de tramitar. Es complicado que un municipio pequeño tenga un planeamiento aprobado en los plazos que marca la ley por lo que se crean mecanismos con los que la Xunta asume la iniciativa de planeamiento.

-Dice el nuevo Gobierno local que el urbanismo en la ciudad está muy judicializado. ¿Usted qué opina?

-Creo que no es así. Hay dos o tres asuntos de los que se habla mucho, que tienen una trayectoria procesal larga, pero eso no estar judicializado. Después hay mucho procedimientos de expropiación, aunque yo no diría que estos casos judicializan el urbanismo, pero es algo normal. Hubo que llevar adelante muchos procedimientos de este tipo por la tercera ronda y lo normal ahí es que los propietarios, a los que se les tasa X mientras que ellos quieren cobrar Y, vayan al juzgado. No tiene este Concello más casos judicializados que otros. No es algo significativo.

-En casos como el del edificio Conde de Fenosa, ¿no cree que el Concello escogió el camino más largo durante estos años para no afrontar el problema?

-Yo creo que no. Los procesos de ejecución contenciosa-administrativa son complejos porque los actos administrativos posteriores van delimitando la ejecución. Ahí se estuvieron poniendo en juego todos los elementos de discusión. Unos son descartados por los tribunales y, en base a eso, se fue pasando de una fase a otra.

-¿Qué cree que se hizo mal en la tramitación de Someso para llegar al problema en que se ha convertido hoy?

-Desde el punto de vista de la gestión urbanística no tiene ningún tipo de objeción ya que todo está aprobado y no hay ninguna anulación por parte de los tribunales. La única cuestión en la que hubo algún problema fue en relación con unos propietarios a quien el Concello adquirió los terrenos y que, después, fueron a los tribunales a reclamar que ese terreno había sido una expropiación y por tanto tenía que revertirse. Ellos entendieron que era una expropiación, aunque realmente el Concello nunca inició un expediente de expropiación porque quien estaba expropiando para la carretera de Pocomaco era la Xunta. Los tribunales, sin embargo, les dieron la razón y acordaron una reversión de los terrenos. Pero desde el punto de vista urbanístico, no hay ningún problema.

-¿Anulando los convenios de 2004 podrán dirimirse responsabilidades?

-Es un tema hipotético y no me atrevería a pronunciarme. No conozco los detalles de la actuación y no tengo una opinión formada. Aquellos acuerdos fueron unos acuerdos firmes, están adoptados con el visto bueno de los técnicos del momento y nadie los recurrió.

-¿Habría que ampliar los años de prescripción de delitos de tipo urbanístico?

-Creo que no. No veo por qué estos delitos o sanciones administrativas tendrían que ser distintos de otros. No soy experto en normativa penal, pero pienso que no y que actualmente está proporcionada la respuesta sancionadora en relación con los hechos.

-¿Qué consecuencias cree que puede tener la anulación del concurso por el que se adjudicó la urbanización del Ofimático?

-Si esa sentencia se confirmase habría que plantearse la relación contractual del Concello con el adjudicatario. Yo conozco la sentencia, está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y creo que debería ser revisada porque aquella adjudicación fue realizada de acuerdo con la ley.

-Demandó al Concello en 2012 porque este le impedía ejercer como abogado en una empresa que trata asuntos urbanísticos, al entender que era incompatible. ¿Qué dijeron los tribunales?

-Yo había recurrido porque entendía que las limitaciones se refieren a empresas con las que tenga relación la administración. No había ninguna jurisprudencia con respecto a eso y al final hubo una discusión judicial en la que no se me dio la razón.