El anuncio por los socialistas de su apoyo a la ordenanza de la renta social municipal dará vía libre a la aprobación por el pleno del Ayuntamiento de esta iniciativa del Gobierno local, en la que tampoco está descartado el respaldo del BNG, formación que rechaza la denominación elegida por Marea Atlántica para esta medida pero que alaba gran parte de su contenido. Los populares se muestran de acuerdo con la dotación presupuestaria prevista para 2016, tres millones de euros, pero niegan que esta actuación sea en realidad una renta municipal, sino una ampliación de la ayuda de emergencia social, por lo que se opondrán a la propuesta de la ordenanza, que será abordada el miércoles en la comisión municipal de Xustiza Social.
"Vamos a ofrecer el apoyo a esta medida porque entendemos que es parte también del programa del partido socialista en las elecciones", declaró ayer la concejal socialista Silvia Longueira en Radio Coruña, donde explicó que la renta social "va más allá de la emergencia social", ayudas a las que calificó de "sistema paliativo", en el que no cree porque sus prestaciones son ocasionales, mientras que la renta municipal "también trabaja con las familias que acuden a los Servicios Sociales y necesitan ese apoyo".
Pero Silvia Longueira destacó que los socialistas van "más allá" porque la renta social municipal tan solo es una parte de su Plan de Rescate Social, cuya puesta en marcha justificó "porque hay familias que teniendo trabajo precario sufren la lacra de la falta de inclusión social y necesitan una mejora a la hora de buscar empleo o de reestructurar la familia".
La edil socialista, responsable de Servicios Sociales en el Gobierno local de PSOE y BNG, consideró que la renta social se destinará a las personas que se encuentran en una situación de urgencia, mientras que con el Plan de Rescate "hay que evitar que pasen a ese nivel".
Longueira avanzó que los socialistas efectuarán aportaciones a la ordenanza de la renta social durante su tramitación, pero garantizó el apoyo a la medida, al tiempo que destacó que en 2010 la Xunta "destruyó" los programas de inclusión de los ayuntamientos, que en A Coruña se mantuvieron hasta 2011, por lo que desde entonces aseguró que la población beneficiada por aquellas actuaciones "ha permanecido sin ayuda".
"Tenemos que llamar a las cosas por su nombre", advirtió también en Radio Coruña la concejal del BNG, Avia Veira, para quien la propuesta de Marea Atlántica "no es una renta en sentido estricto, es un pago en cuenta a los proveedores". La portavoz nacionalista admitió que la medida "se parece a las ayudas de emergencia social", pero calificó de "positivo" que aumenta el número de personas beneficiarias, así como el tiempo durante el que se proporcionará la asistencia, frente a las ayudas de emergencia, que son ocasionales.
También valoró Veira que la renta social incorpore medidas de inserción y para conseguir una vivienda digna, además de permitir el abono de los gastos de hipoteca o alquiler. "Cuando se someta al pleno determinaremos nuestro voto", advirtió sin embargo la concejal del Bloque, ya que este grupo pretende efectuar sus propias propuestas a la ordenanza. Entre los aspectos que critican los nacionalistas en el borrador de esta medida está la "importante carga de trabajo" que supondrá su tramitación para los trabajadores sociales del Ayuntamiento, de los que Veira estimó que ya soportan una larga lista de espera, por lo que propuso que los servicios sociales vuelvan a descentralizarse en los centros cívicos municipales y que aumente el cuadro de personal de estos profesionales.
La postura del Partido Popular ante la renta social es de rechazo frontal a su denominación, de la que el concejal Miguel Lorenzo aseguró ayer que "lleva a engaño a la población", por lo que destacó: "Si se llama renta social no lo voy a apoyar". En su opinión, la medida planteada por Marea Atlántica "es la ayuda de emergencia en la que se amplía el presupuesto", lo que consideró "muy distinto" de un ingreso o una paga. Según el que fue responsable de Servicios Sociales en el anterior Gobierno local, el nombre de renta social "confunde a las personas", ya que a su entender "se crea la expectativa de que van a cobrar una paga del Ayuntamiento", cuando lo que hará es "pagar a los proveedores de las personas beneficiarias, igual que se hacía con la emergencia social".
Lorenzo avanzó que el PP apoyará la inclusión en el presupuesto de 2016 de una partida de tres millones de euros para estas ayudas, aunque no precisó que esa dotación económica no se votará de forma separada al resto del presupuesto, por lo que si los populares lo rechazan, también se opondrán a esa cantidad.
También advirtió el concejal popular de que habrá "muchos problemas" con la aplicación de la renta social municipal al abonar los recibos de la luz, el gas y al agua, ya que estos servicios tienen un precio distinto según el consumo realizado. Al tener que fiscalizarse esos pagos por el Ayuntamiento, "va a haber un trabajo ingente" para los funcionarios municipales. Otro de los inconvenientes señalados por Lorenzo es que un indigente podrá cobrar la Renda de Integración Social de Galicia (Risga), pero no la renta social municipal "porque al vivir en la calle no tiene proveedores", de forma que en su opinión no se le podrá dar ningún servicio mientras viva en esta situación.
"Nada más lejos de la realidad que estemos engañando", replicó a Lorenzo en Radio Coruña la concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, quien puso de relieve que el Gobierno local no cree en el "asistencialismo", al que definió como "dar únicamente ayudas económicas a la gente". La responsable municipal explicó que la diferencia entre la ayuda de emergencia y la renta básica "pasa por itinerarios de inclusión social en los que se acompaña a las personas y se garantiza que por sí mismas sean capaces de cumplir con proyectos vitales".
Frente a las dudas del Partido Popular sobre la viabilidad técnica de esta medida y a la ausencia de informes que avalen su puesta en marcha, Cameán informó de que su departamento ya se ha reunido con la Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento. También negó que la tramitación de la renta social sea "tan farragosa como se dice", así como que no se requiera a los posibles beneficiarios que presenten un informe para poder tener acceso a ella.
