La falta de un informe fiscal de la Agencia Tributaria paraliza la instrucción de la 'Zeta'

La juez imputó hace un año a 30 sospechosos de defraudar 20 millones en subvenciones - Crespo, al igual que otros implicados, se negó a declarar hasta tener acceso al documento

19.11.2015 | 01:57
La Policía Judicial registra la consultoría de Crespo, Azetanet, en junio de 2012.

La investigación de la operación Zeta está prácticamente paralizada un año después de que la juez que instruye el caso citase a declarar como imputados a 30 sospechosos de formar parte de la trama que presuntamente defraudó 20 millones destinados a subvenciones para cursos de formación entre 2008 y 2012. Las partes esperan desde principios de este año a que la Agencia Tributaria remita al Juzgado de Instrucción número 6 un informe detallado sobre todas las operaciones fiscales relacionadas con los cursos y las asociaciones implicadas en la organización que, según los investigadores, dirigía el empresario y líder vecinal Gerardo Crespo. Fuentes judiciales sostienen que la tardanza es "normal", si bien los letrados de algunos de los imputados coinciden en que el macroinforme debería haber sido elaborado antes de señalar a sus clientes como sospechosos.

Por el edificio de Nuevos Juzgados desfilaron entre febrero y marzo casi todos los imputados, entre los que figuran ex altos cargos de la Xunta, empresarios, sindicalistas y dirigentes de asociaciones y federaciones. Muchos, entre ellos Crespo, se acogieron a su derecho a no declarar hasta que la Agencia Tributaria remita la documentación fiscal. El empresario alegó ante la juez desconocer de qué se le acusa, sin embargo, reconoció a LA OPINIÓN haber pagado a políticos para que lo contratasen para organizar cursos formativos. El sospechoso incluso aseguró tener "pruebas" de haber abonado a Pachi Lucas, "amigo íntimo de Feijóo", 3.000 euros al mes para que le consiguiese adjudicaciones públicas.

De los 30 imputados, la magistrada tan solo decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra Rosa María Triay López, empleada de una de las asociaciones implicadas en la operación. La fase en la que se encuentra el caso se cerrará cuando la juez que dirige la instrucción considere que dispone de todas las pruebas, tanto documentales (informes, escritos...) como testificales (declaraciones de imputados, testigos...). En ese momento emitirá un auto con la lista definitiva de imputados, es decir, con las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados para ser juzgadas. Por tanto, el número de imputados podrá ampliarse o reducirse durante la instrucción. De hecho, hay una decena de investigados que prestaron declaración en las dependencias policiales de Lonzas que están pendientes de la decisión que tome la magistrada respecto a su situación procesal.

Los agentes que investigaron los hechos también señalan como principales imputados en la organización dedicada a captar subvenciones para cursos al presidente y fundador de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, Eliseo Calviño, que ejerció de presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña; al presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello; y al director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga Ameneiros. La Policía Nacional concluye en sus informes que dirigentes de asociaciones, empresarios, profesionales y "responsables públicos" formaban parte de un "complejo entramado delictivo", cuyo epicentro era A Coruña, para apoderarse de ayudas públicas, principalmente destinadas a cursos de formación y a la inserción laboral de parados y discapacitados. Los implicados, según los agentes, actuaban "de forma coordinada" para conseguir que los concursos públicos fuesen amañados para ser los adjudicatarios de las subvenciones. En otras ocasiones falseaban los requisitos exigidos por las administraciones para que les otorgasen las ayudas. Una vez que se hacían con ellas, se las repartían e incorporaban a sus patrimonios. Los implicados, según el sumario, cobraban sueldos "de altos directivos". Parte del dinero, según el 091, lo dedicaban a hacer pagos y regalos a políticos y altos cargos. Crespo, según consta en la contabilidad que se le intervino, tenía a nómina -300 euros al mes- al exdirector xeral de Traballo, designado por el PP, que dimitió. La policía también sospecha que un porcentaje de las subvenciones se destinaba para pagos en B al PP.

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