Un auto del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que instruye la conocida como operación Zeta, cita a declarar como nuevos investigados -nueva denominación judicial de los imputados- a 25 personas, entre ellas el empresario Francisco Ramón de Lucas, Pachi Lucas, al que Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la trama se refiere como "el conseguidor" y a quien la oposición sitúa en el círculo de amistades del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Entre los investigados figuran los exdirectores xerales de Formación e Colocación con el Gobierno de PSOE y BNG, Pastor Fuenteseca, y de Emprego e Formación, Ana Díaz, que ocupó el puesto con el PP hasta el pasado mes de octubre, cuando fue nombrada directora xeral de Conservación da Natureza. También se cita como investigado al exdirector general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas con el Gobierno central del PSOE Juan José Barrera.

La titular del juzgado califica de "demoledoras" las conclusiones del informe realizado por la Agencia Tributaria sobre la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), la entidad presidida por el investigado Eliseo Calviño, ya que considera que "vienen a confirmar los numerosos indicios aportados por las diligencias practicadas hasta la fecha". La instrucción del caso cumplió un año en noviembre pasado.

En el auto se señala que los ingresos de Caype por cuotas de sus supuestos afiliados son "inexistentes" y que los que figuran como donaciones "no se aplican a fin social alguno". También estima la juez que la representatividad de la asociación era "nula" y que había simulado estar implantada en toda España mediante "sedes ficticias" con contratos de alquiler y de trabajo para captar fondos públicos destinados a actividades formativas. El juzgado llama a declarar a las 21 personas que colaboraron para crear este entramado y a las que se investiga por un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental.

La empresa Azetanet, dirigida por Gerardo Crespo, tenía según la juez un papel fundamental en esta trama, ya que no era simplemente una consultora de formación a la que se contrataba para desarrollar las actividades, sino que "era ella misma la que desarrollaba la actividad peticional y de gestión de la misma", incluido el control de las supuestas sedes de Caype.

De los cargos públicos implicados en este caso la juez señala que mostraron "una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto" y que además "hay indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva". A otro de los investigados se le considera como presunto autor de un delito de tráfico de influencias. El auto cita también a declarar a 23 testigos.