El 1 de enero entró en vigor la Ley 20/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, que modifica la ley de ordenación de la edificación de 1968. Su aplicación supone, o debería suponer, un empujón a la actividad del sector inmobiliario, al ofrecer mayor protección a los futuros compradores de viviendas, según prevén los profesionales del ramo. Lo explicarán esta mañana en una jornada en el Club Financiero el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, Juan José Yáñez, y la directora del área de caución de la aseguradora Asefa, Eva Lozano.

-¿Qué beneficios pueden encontrar con esta ley quienes quieran comprar una vivienda?

-Esta ley de 2015 pretende proteger a los compradores de viviendas en proyecto o en construcción, lo que se llama sobre plano. Refuerza las garantías del comprador que accede a ir pagando anticipadamente por una serie de miles de euros en esa fase y hasta que se le entregue. Ya que el comprador confía en una empresa promotora que le va a hacer su vivienda, es lógico que la empresa, y a eso le obliga la ley, le dé una garantía de que el dinero que recibe del comprador, en caso de problemas, se lo devolverá íntegramente. Quien compra un piso tiene que estar tranquilo cuando decide adelantar los pagos.

-¿Con qué mecanismos?

-Bien a través de un contrato de seguro de caución por el cual el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado por los perjuicios que sufra en caso de incumplimiento contractual, bien con un aval solidario de una entidad financiera. Si la promotora tiene algún problema y no entrega la vivienda en plazo, el afectado ya no tendrá que dirigirse a la empresa, sino que reclamará directamente al banco o a la compañía de seguros.

-¿Qué trascendencia tiene la ley para el sector?

-Con estas herramientas se puede reactivar pronto la construcción sin tener que esperar a que los edificios se terminen años después. La empresa está contenta porque ya ha comprometido el primero derecha o el cuarto izquierda y el comprador también, y sobre todo tranquilo porque el dinero adelantado lo tiene asegurado.

-¿Qué factores impedían esta protección al comprador?

-Desgraciadamente, tras la crisis de 2007 el Tribunal Supremo agravó extraordinariamente la responsabilidad de las empresas promotoras que habían recibido dinero de los compradores y que entraban en concurso de acreedores y desaparecían dejando al comprador defraudado, habiendo perdido su dinero o apuntado a la lista de acreedores a ver si al final cobraba algo. La ley de 1968 tenía la finalidad de evitar estos escándalos y abusos, pero estaba un poco en desuso y no la cumplían todas las empresas. Y los compradores no estaban suficientemente informados de los derechos irrenunciables que tenían.

-¿Quién ha promovido la actualización de esta ley?

-Estoy seguro de que el detonante fueron las sentencias recientes del Supremo, que al ver la insuficiencia normativa instó al Ministerio a cambiar la ley para que no hubiera filigranas en las interpretaciones y se evitasen pleitos difíciles.