La Fiscalía pide entre 55 y 90 años de cárcel para 4 chabolistas por esclavizar a indigentes

El fiscal sostiene que los secuestrados dormían en galpones sin baño y eran obligados a mendigar, trabajar o hacer tareas en casa. Los procesados les robaban las pensiones. Especifica en su escrito de calificación los abusos a las víctimas

05.03.2016 | 11:29
Uno de los acusados de secuestrar a indigentes (centro), junto a dos amigos que defendieron su inocencia.

Cuatro chabolistas de la antigua Conservera Celta están acusados de secuestrar y esclavizar a indigentes, enfermos y personas sin recursos. La Fiscalía exige que sean condenados a 90, 82, 56 y 55 años de cárcel, respectivamente, aunque el Código Penal establece que en caso de ser sentenciados cumplirían un máximo de 25 años de prisión. Los procesados, según consta en el escrito de calificación del fiscal, al menos desde 2011 y hasta enero de 2015, cuando la Policía Nacional liberó a las víctimas, se dedicaban a localizar a personas "en situaciones de indigencia, con graves necesidades económicas, enfermedades o problemas de tipo mental" para robarles sus pensiones y obligarlas a mendigar y a ayudarles en diferentes tareas, entre ellas limpiar sus casas, realizar construcciones, vender globos o atender atracciones en ferias.

Los afectados eran obligados a trabajar sin recibir ninguna remuneración, los encerraban por las noches para que no se escapasen, los golpeaban y amenazaban. "Eran mantenidos en unas condiciones de vida indignas, durmiendo en cajas de camión o galpones sin cuarto de baño o servicios, teniendo que lavarse con una manguera con agua fría, teniendo que hacer sus necesidades en el monte, recibiendo escasa comida y teniendo que pedir permiso a los acusados para realizar cualquier cosa", relata el Ministerio público en su informe sobre los hechos, en el que considera probado que los afectados residieron en estas condiciones en el antiguo asentamiento de la Conservera Celta y en el lugar de Rumbo, en Ledoño (Culleredo). Los cuatro sospechosos, dos hombres y dos mujeres, tienen relaciones familiares entre ellos y son de nacionalidad portuguesa.

El fiscal especifica en su escrito de calificación los abusos a los que fueron sometidas seis víctimas. El primer caso del que tiene constancia el Ministerio público fue el de un hombre con una minusvalía reconocida por la Xunta, declarado incapaz judicialmente y diagnosticado de esquizofrenia paranoide. El perjudicado fue captado por uno de los imputados entre finales de 2010 y principios de 2011. El acusado le ofreció trabajo, por lo que la víctima accedió a irse a vivir con él y su familia, pues pensaba que sería "una buena oportunidad". Al llegar al poblado de A Pasaxe, el hombre fue obligado a trabajar en ferias, a recoger cartón y a realizar tareas domésticas en la barraca del imputado y de su mujer, también procesada. La pareja, además, se quedaba con el dinero de la pensión que recibía. La Fiscalía manifiesta que "para mantener el dominio sobre él e impedir que huyese", su captor le golpeó en la cabeza con un anillo que llevaba y le provocó heridas para las que requirió asistencia médica. Además, le pegaba con un palo en la zona lumbar.

El 8 de mayo de 2011 el afectado consiguió contarle la situación a unos agentes de la Policía Local cuando se encontraba recogiendo cartón en una de las calles de la ciudad. Los agentes lo liberaron. No obstante, en 2014 dos de los chabolistas lo localizaron en Malpica y se trasladaron hasta allí para volver a llevárselo con ellos. "Regresó con los acusados ante el temor de que le fuesen a hacer algo malo si no accedía", subraya el fiscal, al tiempo que añade que se quedaban con la pensión del afectado, a quien obligaban a mendigar y entregarles el dinero recaudado.

En una situación similar permaneció un indigente sin recursos que sufre Parkinson, quien estuvo más de un año esclavizado por los sospechosos hasta que en enero de 2015 fue liberado por la Policía Nacional. En dos ocasiones intentó escapar, pero ambas lo descubrieron y lo golpearon. Incluso llegaron a exhibirle una pistola y a disparar delante de él para atemorizarlo. "Al igual que el resto, vivía en condiciones penosas, no pudiendo ir al cuarto de baño, sin poder ducharse... y encerrándolo frecuentemente dentro de un camión, del que no podía salir", describe la acusación pública.

Otra de las víctimas, que sufre atrofia cerebral, intentó escapar dos veces, pero fue capturada y agredida con un palo y una manguera. Los acusados llegaron a ponerle un candado cerrándole el remolque en el que dormía para que no huyese. Uno de los afectados, que se había desplazado desde Portugal a la Conservera Celta pensando que le iban a ofrecer trabajo, logró escapar a su pueblo del país vecino, pero fueron a buscarlo y lo trajeron de vuelta a A Coruña. Los procesados aprovechaban las lesiones que le causaban, tales como fracturas de costillas o de un hombro y contusiones cervicales, para dar parte a compañías de seguros como si fuese víctima de accidentes de tráfico. Los sospechosos, una vez que le ingresaban las indemnizaciones, se quedaban con el dinero. Así, consiguieron apropiarse de más de 3.500 euros.

En 2011 otra persona sin recursos fue trasladada "por la fuerza" desde Arteixo hasta el domicilio de dos de los procesados, donde realizó "tareas de construcción y limpieza". El afectado dormía en un galpón que estaba cerrado por las noches con un candado para que no pudiera salir. Cuando se rebelaba, lo golpeaban. El hombre permaneció en esta situación hasta marzo de 2015, cuando fue rescatado por la Policía Nacional.

Rapto en San Andrés

El representante del Ministerio público sostiene en su informe sobre los hechos que el 7 de enero de 2015 los procesados acudieron a la entrada de una zapatería de la calle San Andrés donde dormía un hombre "sin recursos, sin hogar, con importantes limitaciones físicas como sordera", lo agarraron "sin darle opción a reaccionar" y lo metieron "a la fuerza dentro de una furgoneta" para trasladarlo a Ledoño, en Culleredo, donde lo obligaron a trabajar para una de las dos parejas procesadas "en condiciones indignas", al igual que las otras víctimas.

La Fiscalía les imputa a los cuatro imputados -dos hombres y dos mujeres- seis delitos contra la integridad moral y seis delitos de trata de seres humanos en concurso con imposición de condiciones laborales abusivas. Además, algunos de ellos están acusados de delitos de detención ilegal, lesiones, estafa, robo con violencia y tenencia ilícita de armas, pues durante el registro de una vivienda de Ledoño, propiedad de uno de los matrimonios, los agentes localizaron una pistola para la que carecían de licencia.

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