Alternativas a los desahucios

La Xunta y el Ayuntamiento ofrecen desde hace años opciones a las familias desahuciadas por impagos de alquileres o hipotecas que carecen de recursos

09.03.2016 | 20:32
Manifestación contra los lanzamientos organizada por la plataforma Stop Desahucios.

Tanto el Gobierno gallego como el Concello llevan a cabo planes concretos para evitar que personas sin recursos se queden sin vivienda tras ser desahuciados por impagar los alquileres o las hipotecas. Ambas administraciones ofrecen alternativas de alojamientos y ayudas económicas. Además, el Gobierno gallego suscribió un convenio con entidades financieras para evitar que ejecuten los lanzamientos. Los bancos también se comprometieron a cederle pisos vacíos para alquiler social. En total, la Xunta recibió 240 inmuebles. En 2015 el Ejecutivo autonómico ayudó a 6.837 familias a pagar las rentas de sus viviendas

El Ayuntamiento y la Xunta ofrecen las familias desahuciadas por impago de alquileres o hipotecas asistencia para afrontar este problema. Desde 2012 la Xunta ha puesto en marcha diez medidas para garantizar el derecho constitucional a una vivienda y el Ayuntamiento se sumó en 2013 al convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial que establece un protocolo de actuación para que los servicios sociales sean informados de los casos de "especial vulnerabilidad" antes de la ejecución de los lanzamientos por orden judicial.

El Gobierno de Marea Atlántica reeditó la semana pasada un acuerdo similar al del 2013 con los jueces coruñeses que recoge la posibilidad de que los magistrados remitan un escrito a las personas que van a desahuciar para que les autoricen la cesión de sus datos personales a los servicios sociales del Concello y de la Xunta. Además, los afectados podrán disponer en el Decanato de folletos con información sobre los lugares a los que deben acudir y las ayudas municipales a las que pueden acceder.

El Ayuntamiento ofrece a las personas obligadas a dejar sus casas ayudas de emergencia social. Entre las opciones que les plantea también figura la de alquilar una nueva vivienda o una habitación con apoyo económico del Concello. Las personas solas tienen la opción de alojarse en centros privados que tengan convenio con la concejalía de Xustiza Social e Coidados; y las familias pueden residir en inmuebles de entidades sociales sin ánimo de lucro. Desde el Gobierno local ofrecen alojamientos temporales en pisos municipales compartidos o alquileres de inmuebles del Ayuntamiento, que se podrán solicitar cuando se abra la convocatoria pública.

En 2015 la Xunta concedió subvenciones a 6.837 familias para pagar sus alquileres y este año prevé que 6.520 requieran su ayuda, para lo que reserva una inversión de 13 millones de euros. El Gobierno gallego puso en marcha en 2012 el Programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias, al que pueden acceder las personas que no superen determinados ingresos. El Ejecutivo autonómico firmó hace un año un convenio con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para poder disponer de las viviendas del organismo y destinarlas a alquiler social. El pasado mes de junio la Xunta también suscribió acuerdos con entidades bancarias -Abanca, Caixa Rural Galega y Banco Sabadell- que se comprometieron a no desalojar inmuebles sometidos a ejecución hipotecaria. Los bancos permiten, a raíz del pacto, que los afectados continúen en los pisos en régimen de alquiler social y, por otra parte, ceden a la administración sus viviendas vacías para que las destine a alquileres sociales. En total, la Xunta recibió 240 inmuebles para realojar a personas desahuciadas.

El Ejecutivo gallego concede bonos que facilitan el "apoyo urgente, inmediato y puntual" a familias que necesiten de una "especial atención" por perder la vivienda habitual por impago. El bono de alquiler social consiste en una ayuda de 150 euros mensuales durante un año, prorrogable durante otros doce meses. Los beneficiarios, además, disponen de una ayuda única de 450 euros para hacer frente a pagos atrasados o gastos de formalización del nuevo contrato.

El Valedor do Pobo acordó con la Xunta trabajar de forma conjunta para canalizar "las posibles situaciones de especial necesidad de vivienda" para que sean atendidas "de forma inmediata" por el Instituto Galego de Vivenda e Solo. El Gobierno autonómico asegura que este año terminará de elaborar el primer censo de casas vacías en la comunidad. La iniciativa obligará a las entidades financieras informar sobre los pisos de los que disponen sin ocupación y, de forma voluntaria, a los particulares. La Xunta, una vez que disponga del registro, promoverá fórmulas para que se incorporen al mercado y permitan responder "a las necesidades sociales".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
 

esquelasfunerarias.es
Enlaces recomendados: Premios Cine