Pacto de silencio por Pedralonga

La concesionaria y Defensa callan las medidas tratadas esta semana por el impago del canon y la gestión de la fábrica de armas

17.03.2016 | 00:50

"No es momento de hablar de lo que tratamos, ya se conocerán noticias". Con esta frase cierra Hércules de Armamento, concesionaria de la fábrica de armas, el acceso a cualquier información sobre la comisión de seguimiento en la que participó el martes con Defensa por la gestión de la planta de Pedralonga y el impago del canon de 250.000 euros. El Ministerio tampoco se manifiesta, lo que acentúa las dudas sobre el futuro de una concesión criticada por los extrabajadores

Representantes de la empresa que gestiona la fábrica de armas, Hércules de Armamento, y del Ministerio de Defensa se citaron este martes en Madrid en la reunión de la comisión de seguimiento de la concesión de la instalación, la primera en el año y medio transcurrido desde la resolución del concurso público, en septiembre de 2014. El impago de los 250.000 euros del canon anual y la cuestionada administración de la planta, con el abandono del personal de seguridad por deudas y la consiguiente prohibición de producir armas como principales incidencias, iban a ser los asuntos a discutir. Pero sobre ese encuentro y la repercusión de los aspectos debatidos parece haberse corrido un velo de silencio, ya que ninguna parte se decide a hablar.

Al menos a este periódico, que ayer recibió por respuesta de un responsable de la fábrica que estuvo en Madrid la siguiente contestación: "No es momento de hablar de lo que allí tratamos, ya se irán conociendo noticias a nivel de empresa". El Ministerio, consultado también por este diario desde el martes, no ofrece información. La Consellería de Economía, activa en los contactos hace dos años y preocupada por el futuro de la fábrica, tampoco.

Defensa confirmó este mismo mes que Hércules de Armamento no había abonado el canon de 250.000 euros que debería haber ingresado a los pocos días de cumplirse el año de la concesión. El Ministerio ordenó a la adjudicataria en noviembre pasado limitarse a producir para la industria civil y aparcar la fabricación de armas al carecer del personal de la empresa de seguridad subcontratada. No solo esta parte de la plantilla ha sufrido impagos, también parte de los 155 trabajadores que hay en la planta de Pedralonga en la actualidad, como ha reconocido el director de Hércules, Ramón Mejuto, presente en la comisión de seguimiento esta semana en Madrid. Pero ni del canon, ni de los impagos ni de la restricción en la producción ni de plazos quiere manifestarse nadie.

Este silencio hace más espesas las dudas que cubren la gestión de la fábrica de armas, criticada por los antiguos empleados vinculados a UGT, que reclaman la intervención de las administraciones para anular la concesión y repetir el concurso por la confusión que advierten en torno al proyecto de Hércules de Armamento. Acusan además a la empresa de tener deudas con Hacienda, la Seguridad Social y proveedores.

Mejuto defendió a finales de 2015 que la factoría volvería a producir armas "lo antes posible", pero mantiene la actividad centrada en la industria civil. Defensa no ha levantado aún el veto ni informa de si prevé hacerlo.

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