El Concello exigirá responsabilidades por la gestión de Someso si el Consultivo lo apoya

Rexeneración Urbana expone al público el expediente sobre los acuerdos tomados entre 2004 y 2006 para desarrollar este polígono, como paso previo a su anulación

22.03.2016 | 01:11
Edificios del polígono de Someso.

El Gobierno local esperará a conocer el resultado del informe del Consello Consultivo de Galicia sobre la revisión de los acuerdos urbanísticos de Someso, que causaron al Concello la pérdida de 19,2 millones de euros, para determinar si es posible exigir responsabilidades a los políticos que adoptaron esas decisiones entre 2004 y 2006. "Veremos qué dice el informe del Consultivo", manifestó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, al ser preguntado por la decisión que tomará en torno a la reclamación a quienes firmaron aquellos acuerdos.

"Entendemos que tenemos que cuidar los intereses del Concello y de su patrimonio", destacó el alcalde para justificar el inicio de este proceso, en el que se incluye la exposición desde ayer en la concejalía de Rexeneración Urbana y durante otros nueve días más el expediente administrativo elaborado sobre esos acuerdos para que pueda ser examinado por los afectados antes de la revisión de los mismos que pretende llevar a cabo el Gobierno local.

El Consello Consultivo debe pronunciarse sobre esta iniciativa municipal, momento en el que además manifestará su opinión acerca de si es factible exigir responsabilidades a los políticos que tomaron decisiones lesivas para los intereses del Concello. Cuando el Gobierno local del Partido Popular llevó este caso al Tribunal de Cuentas, este organismo le advirtió que no sería posible plantear reclamaciones si no se procedía a anular los convenios suscritos por el Ayuntamiento con los promotores urbanísticos, pese a lo cual no se tomó ninguna decisión en ese sentido.

Nada más acceder a la Alcaldía, Xulio Ferreiro comunicó su voluntad de poner en marcha el proceso que el entonces portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, solicitó en los años 2013 y 2014 para revisar los acuerdos, al estimar que eran nulos de pleno derecho. Otra de las decisión del nuevo Gobierno local fue retirar la demanda que se había planteado en el Tribunal de Cuentas y de la que el propio BNG había desistido en abril de ese mismo año al ver que los responsables municipales no iban a revisar los acuerdos de Someso.

Para justificar esa iniciativa, el Ejecutivo local explicó que la demanda estaba "condenada al fracaso" por no haberse anulado los acuerdos, lo que obligaría al Concello a hacerse cargo de las costas judiciales, con el consiguiente perjuicio económico para las arcas municipales".

El Gobierno local está convencido de que, pese a que lleguen anularse estos convenios, no será posible exigir responsabilidades económicas a quienes los firmaron, ya que así se lo confirmó la asesoría jurídica municipal, que entiende que el largo tiempo transcurrido desde entonces ha hecho prescribir la posibilidad de reclamar una compensación. Pero esa prescripción no implica que no afecta a todo el proceso, que caducaría al cabo de cuatro años desde la aprobación de los acuerdos siempre que su anulación se debiera a que se hubieran descubierto defectos en su tramitación.

Pero en el caso de Someso, la revisión se inicia sobre la base de una supuesta nulidad de pleno derecho, lo que implicaría que los acuerdos habrían sido adoptados al margen del procedimiento legal y por lo tanto se abriría la puerta a su anulación.

Otra vertiente judicial de este caso ya se vio bloqueada el pasado mes de octubre con el sobreseimiento por la Audiencia Provincial de la causa abierta contra el exacalde Francisco Vázquez y el empresario inmobiliario Antonio Fontenla, presidente de la junta de compensación del polígono de Someso, en cuya gestión el exconcejal socialista José Manuel Sánchez Penas apreciaba la posible existente de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.

La sección segunda del tribunal consideró que el primero de esos delitos había prescrito, mientras que el cohecho no fue "debidamente acreditado". A pesar de este fallo, se rechazó el "sobreseimiento libre" que reclamaron los denunciados, de forma si se presentaran nuevas pruebas podría reabrirse la causa.

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