El Gobierno municipal plantea a Interior una negociación para recuperar la antigua cárcel

El alcalde confirma que el Ayuntamiento también recurrirá ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a pagar 1,2 millones al Estado para obtener la reversión del penal

24.03.2016 | 10:47
Vista parcial de la parte trasera de la antigua cárcel provincial.

Claves

  • Convenio. El Gobierno local del PP anuló de oficio en 2014 el convenio firmado en 2005 por Vázquez e Interior para negarse a pagar 1,2 millones de euros al Estado por la recuperación de la cárcel provincial, que lleva años sin uso
  • Sentencia. La Audiencia Nacional califica de “fraude jurídico” la decisión del PP de anular el convenio de 2005, recurrida por Interior, y obliga al Concello a pagar los 1,2 millones si quiere rescatar la prisión
  • Proceso. El Gobierno local del Marea anuncia que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, aunque también abrirá otro camino: negociar con Interior la recuperación del penal para darle uso público

El Gobierno de Marea abre dos escenarios después de recibir de la Audiencia Nacional la sentencia que niega al Ayuntamiento la posibilidad de anular el convenio firmado por el exalcalde Francisco Vázquez e Interior en 2005 y que obliga al Concello a pagar 1,2 millones de euros si quiere recuperar la antigua cárcel provincial. Por un lado, recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, como confirmó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, para "defender los intereses municipales y de la ciudadanía"; por otro, tratará de negociar con la sociedad estatal propietaria del edificio, la SIEP, la reversión de la prisión, a la que pretende dar un uso público. Proxecto Cárcere, el colectivo que promueve la recuperación del penal como centro social y cultural, aprueba esta vía

El revés judicial recibido por el Concello por parte de la Audiencia Nacional en su defensa de la recuperación de la antigua cárcel provincial activará dos vías en el Gobierno local de Marea para mantener sus "intereses municipales y los de la ciudadanía". Una de nuevo en los tribunales, ya que el Ejecutivo de Xulio Ferreiro replicó el martes y ayer que recurrirá ante el Supremo la sentencia que niega al Ayuntamiento la anulación del convenio firmado en 2005 por el exalcalde Francisco Vázquez con el Ministerio del Interior por el cual se establece el pago de 1,2 millones al Estado para lograr la reversión del viejo penal. La otra solución podría encontrarse en los despachos, donde el Gobierno local tratará de negociar la recuperación de la prisión sin uso.

Fuentes municipales apuntan que ambos caminos están "abiertos". El alcalde se reafirmó en el primero ayer al repetir que el Concello recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que tumba el intento del anterior Gobierno local, mediante un decreto firmado por el popular Carlos Negreira a finales de 2014, de anular el convenio suscrito por el socialista Vázquez una década antes, una decisión que califica de "fraude jurídico".

Ferreiro no aludió a ningún posible contacto con Interior para tratar directamente el asunto fuera de los tribunales, aunque el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, transmitió a comienzos de este año al colectivo Proxecto Cárcere la intención de emprender la vía de la negociación "amistosa" con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ministerio. Fuentes del Concello confirmaron ayer el interés por acogerse a esta alternativa.

Recurrir al diálogo con esta sociedad para defender que la vieja cárcel tenga una utilidad pública es del agrado de Proxecto Cárcere, que prevé que si el Ayuntamiento se decanta solo por el recurso de casación ante el Supremo el proceso judicial se alargará todavía más tiempo y supondrá un excesivo gasto para las arcas municipales, según advierte uno de sus portavoces, Xosé Lado. "Negociar parece de sentido común porque seguimos sin saber qué falla o por qué el Estado quiere mantener un recinto que no utiliza. ¿A qué juegan las administraciones? Si es elevado, ¿no se puede renegociar ese coste de 1,2 millones?", se pregunta.

El alcalde y su equipo insisten en la devolución al Concello del penal en desuso del paseo marítimo como una de las medidas de su programa, recuerda Ferreiro: "Un objetivo prioritario para el Ejecutivo municipal que responde además a una reivindicación histórica de la ciudad. Nuestros intereses van en esa línea".

El convenio de 2005 obligaba al Gobierno municipal a pagar 1,2 millones de euros si quería recuperar la parcela que había cedido al Estado en 1925 para la construcción de una prisión. A esa cantidad se sumaban los terrenos próximos a Cocheras entregados hace años al Ministerio para construir el centro de inserción social Carmela Arias y Díaz de Rábago, que ya está en funcionamiento.

El PP defendió durante su mandato que no debía abonar nada por las instalaciones, que al estar abandonadas, deberían regresar a la administración local gratis. Por ello el Gobierno de Negreira, apoyado por toda la Corporación, aprobó una moción en junio de 2013 para negarse a pagar esa cantidad a Interior, y más de un año después, a finales de 2014, el exalcalde firmó un decreto por el que anulaba de oficio el convenio de permuta del antiguo penal con unos terrenos municipales que había firmado Francisco Vázquez.

Ahora la Audiencia Nacional mantiene el mismo obstáculo frente a las intenciones del Concello, que deberá pagar 1,2 millones de euros si quiere recuperar la cárcel para darle uso. "El cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes contratantes", señala la sentencia, que añade que el cauce del proceso tenía que haber seguido a través de órganos jurisdiccionales. El partido pasa a una nueva fase con dos escenarios: el Tribunal Supremo y los contactos con la SIEP.

El edificio, mientras tanto, sufre los deterioros causados por la falta de utilidad, la climatología y el desgaste estructural. Cascotes de algunas fachadas se han venido abajo y los muros han tenido que ser reparados y en el interior lo único que crece es maleza. Cuando tenga que ser sometido a la inspección técnica de edificios (ITE) el Estado tendrá que asumir el coste.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
 

esquelasfunerarias.es
Enlaces recomendados: Premios Cine