Los contactos entre el Gobierno de Marea y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) para tratar de pactar la recuperación por parte del Concello de la antigua prisión provincial y darle un uso cultural, una estrategia municipal adelantada por este periódico, ya han comenzado. La entidad dependiente del Ministerio del Interior ha enviado al área de Rexeneración Urbana una propuesta de convenio que recoge la posibilidad de que entre las dos administraciones asuman gastos para obras de conservación en el inmueble del paseo marítimo y darle uso durante un determinado periodo de tiempo.
El Gobierno local analiza en estos momentos la proposición de convenio planteada por el Estado, informó ayer el Ayuntamiento en una nota. La duración de una cesión, que en principio podría ser de dos años, y la viabilidad de los gastos que tenga que afrontar el Concello para el correcto mantenimiento de la cárcel son algunos de los aspectos más relevantes que estudiarán el Gobierno local, la asesoría jurídica y el interventor. Con el visto bueno municipal podría comenzar la fase de negociación.
La posible cesión del penal, en desuso desde 1998, permitiría al Ejecutivo de Marea abrir el inmueble para organizar actividades, fundamentalmente de contenido cultural, como ha defendido en los últimos años el colectivo Proxecto Cárcere y el actual Gobierno municipal. El convenio reconocería al Estado como titular del edificio y responsabilizaría al Ayuntamiento de su nuevo uso.
El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, transmitió ayer esta información a representantes de Proxecto Cárcere. Les contó además que la vía de la negociación con la SIEP no cierra la otra salida que pretende seguir el Concello después de que la Audiencia Nacional negase este mes la posibilidad de declarar nulo el convenio que firmó en 2005 el exalcalde Francisco Vázquez con Interior, una medida promovida en 2014 durante el mandato de Carlos Negreira. El Gobierno local recurrirá ante el Supremo la sentencia que obliga a pagar 1,2 millones de euros al Estado si quiere lograr la reversión del viejo penal, reiteró ayer Varela.
Pero el edil admitió que el fallo, en el que se califica de "fraude jurídico" la decisión del Gobierno anterior de anular el convenio de 2005, supone un serio golpe a las intenciones del Concello y que presentar un recurso de casación puede prolongar demasiado tiempo el asunto en los tribunales. Ante esta situación, ha optado por iniciar los contactos con la SIEP y estudiar una posible cesión temporal de la cárcel.
"Lo que tenemos que mirar son los términos de la redacción del convenio, cuestiones de inversión y plazos", comentó ayer Varela, quien resaltó que el posible acuerdo de cesión "no es incompatible" con el propósito original de recuperar la titularidad de la prisión "ni afecta al proceso judicial".
El Ayuntamiento ya tuvo la ocasión de disponer de la instalación para un uso alternativo. Fue entre 2010 y 2011, durante el bipartito del PSOE y el BNG con Javier Losada en la Alcaldía. La Concejalía de Cultura, con la edil nacionalista María Xosé Bravo al frente, se comunicó con la SIEP para solicitar la apertura temporal de la cárcel para acoger otras actividades muy diferentes a la reclusión de presos. El Concello obtuvo entonces del Estado una autorización especial de uso del edificio para la realización de proyectos culturales, que corrieron a cuenta del Gobierno local, que también se encargó de acotar espacios, limpiar el inmueble y ejecutar algunas obras.
En aquel periodo en el que la antigua prisión gozó de un nuevo uso se celebraron dos ediciones del festival de cine (S8), una exposición y actos impulsados por Proxecto Cárcere, como teatro, conciertos y circo. La última actividad se hizo el día de la investidura de Negreira, en junio de 2011, que en su mandato mantuvo cerrada la cárcel y promovió en 2014 la anulación del convenio de 2015, un paso que ha tumbado la Audiencia Nacional.
