Los "indicios de la trama fraudulenta", incluida la "posible connivencia de responsables públicos" fueron confirmados por las intervenciones telefónicas y los registros en las sedes de las entidades investigadas en la operación Zeta, que fueron autorizados en junio de 2012, según destaca la juez en el auto que emitió el pasado lunes. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 sostiene que los cargos públicos podrían "haber facilitado, por acción u omisión, la percepción de subvenciones, poniéndose en duda la existencia de un efectivo control de la justificación del gasto". En la causa figuran como investigados responsables de la Xunta, tanto de la época de gobierno del PSOE y BNG como del PP.
