Altadis, la multinacional que cerró la Fábrica de Tabacos en el año 2000, puso a la venta sus terrenos por 44,5 millones. La diferencia entre el precio de salida de la subasta realizada en Madrid en 2005 revela a la perfección cómo se las gastaba el sector inmobiliario en aquella época: 79,3 millones de euros. La que apostó más fuerte fue una Unión Temporal de Empresas formada por el grupo San José y Espacios Urbanos. Tres solares, uno hacia la avenida de Oza (M5) y dos hacia Ramón y Cajal (M1) y (M2) para construir unos ochenta pisos por inmueble. Pasado más de un decenio, hay más plumachos que obreros en el lugar. La empresa ha renunciado a la licencia y tendrá que reiniciar el expediente para solicitarla si quiere volver a construir.

Dos años antes, Francisco Vázquez prometía sin embargo una expropiación total de los terrenos para hacer vivienda barata. La operación se promocionaba también como una forma de castigar a Altadis por cerrar la Fábrica de Tabacos, todo un símbolo de la historia industrial de la ciudad, junto a la de armas. Se construirían 350 viviendas municipales y la antigua cigarrera se convertiría en un proyecto estelar para albergar las desperdigadas concejalías municipales.

El entonces alcalde pasó de "No hay ninguna forma de que Altadis paralice la expropiación; salvo que el jurado de expropiación no se ajuste a la Ley o que la Xunta se opusiera, con lo que nos iríamos a los tribunales" a "Siempre es mejor un buen acuerdo que un mal pleito". La primera declaración, un mes después de ganar su sexta en mayoría absoluta, en junio de 2003. La segunda, pasado justo un año y medio. El pacto de la marcha atrás hacía al Concello pagar 708.000 euros y permitir a Altadis construir 240 pisos de suelo libre en el solar.

Finalmente, el Ayuntamiento levantó dos edificios con pisos de protección, 178 en total, y acabó cediendo en 2012 el edificio a la Xunta para rehabilitar y abrir una nueva sede judicial, una obra que parece avanzar, aunque de forma lenta.

Altadis se fue con casi 80 millones de euros en el bolsillo de la operación, antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, que se llevó por delante al grupo San José, que acabó por ceder todo su negocio inmobiliario a los bancos para refinanciar su deuda.

El Concello intentó iniciar el expediente de caducidad de la licencia, concedida en 2007, en varias ocasiones pero nunca se materializaron porque la empresa iba realizando obras mínimas para demostrar que realmente tenía intención de construir. Tampoco desiste ahora. Ha renunciado a su licencia pero pretende adaptar el proyecto al plan general nuevo. El Concello le ha dicho a Udralar, la actual promotora, que tiene que volver a iniciar el expediente para el permiso.

La paralización y revisión de las dos torres de Tabacos fue celebrada ayer por la asociación Arco Iris, que promovió una denuncia en septiembre del pasado año, en la que advertía de irregularidades en la construcción. Arco Iris entiende que los coruñeses "podrán asistir a partir de ahora a un desarrollo urbanístico sostenible, ajustado a la legalidad y respetuoso con el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos", al tiempo que solicita al Concello que rebaje sus alturas para favorecer el espacio público.