El Gobierno gallego va a reclamar en los juzgados que la concesionaria de los tres complejos polideportivos de la Xunta en la ciudad, Gaia, le abone el canon anual que le debe desde 2012, y que asciende a 2,5 millones de euros, a los que habría que añadir los intereses.

Una sentencia de un juzgado de Santiago emitida a comienzos de este año dio la razón a la Xunta en su reclamación del canon a la responsable de la gestión de los centros coruñeses, aunque Gaia ya ha apelado el fallo ante la Audiencia Provincial. Antes de esperar por un nuevo pronunciamiento, el Gobierno autonómico va a apurar el proceso al reiterar a la sala santiaguesa, con un análisis de la sentencia, que se ejecute ese dictamen para cobrar así el dinero. "El ritmo lo marcará ahora este juzgado", aseguran fuentes de órganos de la Xunta vinculados a la gestión de los polideportivos.

El secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete Lasa, anunció ayer en la Comisión Institucional y de Administración General del Parlamento gallego que los servicios jurídicos de la Xunta están a punto de iniciar la tramitación de la petición de que se cumpla la sentencia sobre el canon de la concesión. "Ganamos en segunda instancia y ahora vamos a reiterar judicialmente que nos sea abonado el canon", advirtió Lete Lasa, quien se confundió en la intervención porque el fallo favorable es en primera instancia.

El anuncio del secretario xeral se produjo en una respuesta al diputado del BNG Francisco Jorquera, quien le preguntó qué medidas iba a tomar el Gobierno gallego para que se cumpliese la sentencia favorable sobre el pago anual que debía efectuar la concesionaria. El nacionalista, que en el inicio de su turno había denunciado trato de favor de Gaia en el uso de los centros, cifró la deuda de la gestora en 2,5 millones de euros, aunque el cargo autonómico no mencionó cantidades.

Lete admitió que las relaciones entre la Xunta y Gaia no son buenas, ya que están condicionadas por más de un litigio judicial por distintos incumplimientos de las condiciones del contrato. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo decidió resolver el contrato de concesión de la gestora en los complejos de Elviña, A Sardiñeira y Agra do Orzán a mediados de 2014, pero la empresa, cuya concesión finaliza en 2027, mantiene la actividad mientras no haya un nuevo adjudicatario y no haya sentencias firmes en las causas abiertas.

Los motivos de las mismas, además del pago del canon pendiente, son un supuesto mantenimiento deficiente de las instalaciones, el impedimento del acceso gratuito a los centros de determinados colectivos y presuntos errores en la contabilidad de abonados. En unos casos hubo fallos favorables a Gaia y en otros, a la Xunta, pero ambas partes apelaron y llevaron el proceso hasta el Tribunal Supremo, por lo que no hay fallos firmes.

Esta incierta situación judicial impide además que la empresa o que Fundación Deporte Galego lleven a cabo reformas y mejoras en las instalaciones de Elviña, Agra do Orzán y A Sardiñeira, algunas con problemas denunciados por usuarios en determinados servicios desde el año 2010. Pero ninguna parte se encarga por ahora ni de la reposición de elementos ni de las reparaciones.