Hace ya cuatro años que la familia que vive en el primero derecha del número 12 de la calle San José comenzó a sufrir las consecuencias de tener adosado a su edificio otro que se encuentra en ruinas. El agua que se filtraba desde la cubierta de ese inmueble llegó hasta la pared de su edificio, que sufre desde entonces un deterioro continuo, ya que, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha adoptado ninguna medida para evitar el problema.
La situación se ha agravado de tal manera que la familia se vio obligada a abandonar el pasado noviembre su domicilio por la humedad que invade el dormitorio del matrimonio, en el que antes de entrar ya se percibe un fuerte olor cuyo origen se confirma al examinar las paredes y el suelo, en el que la tarima está levantada a causa de la deformación generada por el agua.
"No podemos vivir aquí en estas condiciones", explica Carmen Pardo, quien destaca que en la vivienda también reside su hijo de 16 años, por lo que se decidieron a alquilar un piso mientras se subsana el problema, aunque esta solución le supone un "coste elevadísimo". "No podemos disponer de nuestra vivienda ni vender ni alquilar, es tristísimo", comenta con desesperación sobre esta peculiar forma de desahucio la propietaria, quien asegura que el invierno en la vivienda es "horroroso con esta humedad", pese a lo cual ningún técnico del Ayuntamiento pasó por la casa para comprobar los daños que padece. Tras realizar numerosas gestiones en las dependencias municipales, la familia acabó contratando una abogada y solicitó al Ayuntamiento que exigiera a la constructora el arreglo del edificio contiguo, pero como sus representantes no se presentan en las citaciones, los técnicos no pueden entrar y mientras tanto el problema se eterniza. "No se puede dilatar tanto un proceso cuando una familia está viviendo en estas condiciones", se queja Carmen sobre los efectos que tiene la burocracia en este caso, ya que considera que se trata de un "toma y daca de documentos que no vale para nada".
La familia reclamó el pasado 11 de marzo que el Ayuntamiento se hiciese cargo de las obras necesarias y Carmen expresa su disgusto por la atención recibida en las oficinas municipales, ya que cuando reclamó que garantizaran la seguridad de la vivienda le contestaron que el Ayuntamiento "no es una gestoría" y que presentara una demanda judicial. Carmen contrasta además la lentitud con la que se desarrollan las actuaciones administrativas hacia la constructora con las relacionadas con su vivienda, ya que cuando un arquitecto municipal inspeccionó su casa el pasado verano le exigieron de forma inmediata la retirada del recubrimiento de la pared del pasillo ante el posible riesgo de derrumbe y, al ver que ese peligro no existía, nadie más volvió a examinar si persistían los problemas.
La única actuación efectuada para la protección del inmueble en ruinas fue la colocación hace un año de una red en la fachada para evitar la caída de cascotes a la vía pública. Aunque el edificio que causa la humedad en San José 12 es el número 19 de la calle San Juan, este último está unido a los 15 y 17 de la misma vía, que pertenecen igualmente a Consolidada de Promotores.
En 2010 esta empresa elaboró un proyecto para construir en ese solar un nuevo edificio pero que se vio afectada por la crisis del sector y entró en concurso de acreedores, en el que en enero de 2015 se decidió su liquidación. Cuando en 2012 el Ayuntamiento ordenó que los inmuebles pasarán la Inspección Técnica, la promotora solicitó la declaración de ruina, que no fue concedida porque no llegó a presentar la documentación exigida, según informa el Gobierno local.
Al tener conocimiento del proceso concursal en el que había entrado la empresa, las comunicaciones municipales le fueron enviadas a la firma encargada de su administración, a la que se notificó en julio de 2015 el inicio de la declaración de ruina de los edificios, así como la orden de evitar a entrada de agua y la reparación de la cubierta para evitar daños en San José 12. Pese a que se le había dado un plazo de 15 días para resolver el problema, fue el 13 de noviembre cuando el Ayuntamiento recibió el informe de un arquitecto contratado por la empresa en el que se justifica que no pudo repararse la cubierta debido a que es de madera y está en estado ruinoso.
Hubo que esperar al 25 de enero a que el arquitecto municipal analizase este documento y reiterase la orden de reparación, aunque no se le comunicó al administrador concursal hasta el 29 de marzo. El Concello trató de comprobar si las obras se habían realizado y para ello citó al representante de la promotora para una inspección el pasado 3 de mayo, aunque nadie compareció, por lo que se volvió a citarle para el 22 de junio, más de mes y medio después de la fecha en que fue reclamada su presencia por primera vez. En esta ocasión se le advirtió de que si no facilita el acceso al edificio, se solicitará a un juzgado que la autorice y que, si una vez dentro, se comprueba que no se tomaron las medidas decretadas, se le impondrá una multa de hasta 10.000 euros para que las cumpla y que está sanción podrá volver a aplicarse cada tres meses.
Pero para conseguir esto, el Ayuntamiento deberá obtener previamente la autorización judicial, que también podrá demorarse lo que el juzgado considere necesario y a la que cabe además la posibilidad de que la empresa recurra, lo que retrasaría aún más este interminable proceso.
