Las buenas intenciones chocan con frecuencia con los acuerdos entre las instituciones o los interminables trámites burocráticos, cuando no la falta de voluntad real. Sobre la antigua cárcel provincial del paseo marítimo, frente a la Torre de Hércules, parece pesar una maldición que le impide recuperar su uso, cualquier uso. Desde 1998 no lo tiene, y no le han faltado propuestas de vecinos, arquitectos, empresarios, políticos y distintos colectivos. Hace diez años, en un contexto político diferente al actual, las soluciones las aportaba el entonces alcalde, Javier Losada. En un solo día, rodeado de periodistas en un almuerzo informativo, anunciaba un ambicioso plan para convertir la abandonada infraestructura nada más y nada menos que en un centro multiusos.

Losada pensaba que el recinto podría ser al mismo tiempo un centro de día para la atención de personas dependientes, un centro cívico para los vecinos de Monte Alto y un punto de intercambio de diferentes experiencias culturales, bautizada esta rama por el alcalde como una "factoría cultural" para encuentros, ensayos y actividades para las asociaciones y los creadores culturales de la ciudad. Un mes antes había propuesto además crear un museo en la cárcel.

Este era el plan, del agrado del barrio, cuya asociación criticaba al regidor por haberse apropiado de una idea de su cosecha. Cómo llevarlo a cabo parecía más complejo, pues Losada dudaba entre el encargo directo a un arquitecto o la convocatoria de un concurso de ideas. Faltaba más de un año para las elecciones municipales y el alcalde aparcó el proyecto tanto que apenas volvió a mencionarlo. Nada de lo que soñaba en mayo de 2006 amagó con convertirse en realidad. Si el Concello quiere recuperar la titularidad de la vieja prisión debe pagar al Estado 1,2 millones de euros, tal como indica un convenio que había firmado el Gobierno local de Francisco Vázquez con Interior en octubre de 2005. Este obstáculo ha sido la causa de que el penal haya permanecido cerrado. La parálisis no ha impedido que se sucedieran nuevas ideas de uso para la instalación ni que grupos como Proxecto Cárcere o el Gobierno bipartito desarrollaran temporalmente en el recinto algunas actividades culturales en 2010 y 2011. En marzo pasado la Audiencia Nacional negó al Concello la posibilidad de declarar nulo el convenio firmado por Vázquez en 2005, por lo que tumbó el intento del anterior Gobierno local, mediante un decreto firmado por Carlos Negreira en 2014, de anular el pago de 1,2 millones para recuperar la cárcel. El Ejecutivo de Marea reaccionó anunciando que plantearía a Interior una negociación para recuperar la prisión. Instituciones Penitenciarias propone un convenio para cederla dos años y repartir gastos.