El parque ofimático se encuentra en una delicada situación, pendiente de que todas las partes implicadas, con intereses contrapuestos, se pongan de acuerdo para poder culminar el desarrollo, cuando pende sobre él una sentencia que anuló los trabajos de urbanización y cuando hay cooperativistas que están a meses de acabar sus obras. Una sociedad cooperativa, la única que está levantando su bloque de viviendas en suelo privado y no de la Xunta, ha presentado dos denuncias por incumplimiento de los plazos de dichos trabajos, sin los que no podrán tener licencia para ocupar los pisos. Por el momento, el Superior ha abierto diligencias para investigar si la reclamación tiene fundamento. Este mismo mes irán a declarar como testigos el exedil de Urbanismo Martín Fernández Prado y dos funcionarios.

Hay dos denuncias, la primera del pasado año, que ha desembocado en este proceso. La Sociedad Cooperativa Galega de Vivendas Parque Ofimático señala en el recurso a múltiples actores: el Concello, Demarcación de Carreteras, CLH, Acciona, las cooperativas de suelo público y promotores. A esto se añade, a meses de acabar sus obras, una nueva denuncia presentada ayer ante la Policía Nacional.

En este último escrito, avisa de que han existido una serie de "irregularidades" en el proceso de urbanización del Sector-10 del Concello, "al sospechar fundamentadamente que pudieran constituir ilícitos penales, debido a una conducta omisiva, de pasividad y de prevaricación, por infracción de doctrina legal, en relación al incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras de urbanización", contraviniendo lo estipulado en el contrato, que adjudicó el Ayuntamiento a Acciona un mes antes de las elecciones de 2011 por 42 millones .

Buscando un acuerdo

El Concello, como responsable de la urbanización, y el Instituto Galego de Vivenda e Solo, como propietario del suelo de la mayor parte del ámbito, intentan buscar una solución que ponga de acuerdo a todas las partes para poder, al menos, culminar un mínimo de obras necesarias para que las cooperativas con sus edificios en obras puedan ocupar sus pisos una vez terminados. En la jornada de ayer se reunieron con las diferentes cooperativas para exponer la solución que están negociando con los promotores privados, impulsores del recurso que ha acabado con la anulación del contrato de obras de urbanización y, por tanto, con la paralización de trabajos como la adecuación de viales y las canalizaciones.

Las cooperativas se muestran esperanzadas de que los promotores acepten dividir las obras en dos fases. La primera, con un coste mínimo, para completar los accesos y canalizaciones obligatorias para que sus bloques puedan tener licencia de primera ocupación. La segunda, ya más compleja y costosa, para rematar todo el ámbito. Con esta solución, la situación se desbloquearía con mayor facilidad. De tener que adjudicar el contrato entero, la tramitación será más farragosa y se prolongaría en el tiempo.

La ronda de reuniones proseguirá hoy, con un encuentro programado con el Concello y el IGVS con los promotores privados, que quieren transparencia sobre el coste de los trabajos -que no gestionan pero sí pagan en cuotas- y clarificar los pasos que se vayan dando próximamente. La intención es modificar el proyecto, con la anulación de partes costosas como el parking, que precisamente fundamentó la denuncia de los constructores. Tanto el IGVS -"más activo ahora" en la negociación, según cooperativistas- como el Concello han previsto construir sendos bloques de vivienda protegida. También por resolver, la situación de los habitantes del núcleo tradicional afectado por el desarrollo.