La reunión que mantendrán esta mañana el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), la asociación de promotores Ofimático 2010 y el Gobierno local permitirá alcanzar un principio de acuerdo sobre el conflicto creado en el parque ofimático por la sentencia que anuló el contrato de las obras de urbanización del polígono. Las tres partes se han reunido en más ocasiones para tratar de desbloquear la paralización de los trabajos en el ofimático y para lo que se propone el desarrollo por fases de las actuaciones pendientes, para lo que será necesario poner en marcha una nueva licitación.
Los promotores y el IGVS aceptan la decisión del Concello de excluir del polígono al núcleo rural de San Vicente de Elviña, situado en el margen contrario de la avenida de Alfonso Molina, para lo que sería necesaria la modificación del plan parcial del ofimático en esta zona. Otro de los contenidos que se pretende incluir en el acuerdo es la salida del proyecto del ofimático del aparcamiento subterráneo que figuraba en el diseño inicial y cuya licitación de forma incorrecta fue precisamente lo que generó la anulación del contrato de las obras.
Aunque hoy se alcanzara un consenso sobre el conflicto, es poco probable que se proceda a la firma del acuerdo, ya que el Gobierno local seguramente optará por someter previamente el texto al análisis de la asesoría jurídica municipal para comprobar que se ajusta a la legalidad. Esta decisión supondría retrasar unos días la rúbrica, pero proporcionaría al documento mayores garantías de viabilidad.
El fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se hizo público en diciembre de 2015 y llevó al Gobierno local a ordenar la paralización de la urbanización, que era desarrollada por la empresa Acciona. A partir de ese momento se iniciaron conversaciones entre las partes afectadas, pero ha sido en las últimas semanas cuando los contactos se intensificaron con el fin de retomar las obras en el plazo más breve posible.
Los principales perjudicados en este momento por la suspensión de la urbanización son los cooperativistas cuyos edificios estarán terminados en breve, ya que no podrán ocuparlos sin disponer de todos los equipamientos y servicios necesarios. Durante los últimos meses las cooperativas han reclamado al Concello que dé solución a este problema, ya que podrían verse obligados a esperar un largo periodo para entrar en sus viviendas pese a que estén terminadas, para lo que además deben abonar al mismo tiempo las cuotas de las hipotecas y los alquileres de los pisos en los que residen ahora.
El Gobierno local anunció en principio que promovería unas obras de emergencia para facilitar los accesos a los edificios de las cooperativas y proporcionarles servicios, pero los promotores del polígono, aunque admiten que se dé prioridad a ese sector al reiniciar los trabajos de urbanización, exigen que todos los trabajos formen parte de un proyecto coordinado, de forma que se eviten actuaciones precipitadas o incorrectas que deban ser corregidas posteriormente.
La realización de la urbanización por fases es una reivindicación histórica de los promotores, que desde el principio rechazaron que el proyecto se ejecutara de una sola vez, como decidió el Gobierno local de PSOE y BNG en abril de 2011. Los empresarios advirtieron entonces de que la caída de la demanda en el mercado inmobiliario hacía innecesaria la puesta en marcha de un proyecto cuyo coste era de 42 millones de euros, aunque sus tesis fueron desoídas.
La salida del polígono era reclamada por los vecinos de San Vicente de Elviña, donde el proyecto solo prevé la construcción de un viaducto y un colegio que el Gobierno local de Marea Atlántica considera innecesarios, mientras que todas las partes coinciden en que el aparcamiento subterráneo es un equipamiento prescindible.
