El ANPA del instituto Agra do Orzán presentó una queja por la prohibición de usar la piscina del complejo deportivo de la Xunta situado en su recinto a los alumnos del centro, que disfrutaban de un derecho para hacerlo desde hace 23 años por haberse construido en terrenos del instituto. La Consellería de Educación explicó que la concesionaria de la instalación exige a la Fundación Deporte Galego el pago por la entrada de esos estudiantes y, ante su negativa, la demandó y consiguió que un juzgado de Santiago la condenase a pagar casi 500.000 euros, aunque la Audiencia Provincial anuló este fallo y eximió a la fundación de pagar por el uso de sus instalaciones por parte de entidades con las que mantiene acuerdos.
El Valedor expresó su "desacuerdo" con la forma en que las administraciones abordaron el conflicto, ya que la concesionaria nunca negó que los alumnos pudieran usar la piscina, sino que exigió cobrar por su entrada, aunque la fundación argumentaba que solo debía hacerlo si se acreditaba un perjuicio para la empresa. Para el Valedor "no parece justificado" que se impidiese entrar a los alumnos a causa de este conflicto, en el que acusa a la Secretaría Xeral para o Deporte de "incumplir sus deberes" por no garantizar el uso de la piscina y de no coordinarse con la Consellería de Educación y la Fundación Deporte Galego. La institución reclamó además que los estudiantes vuelvan a usar la piscina.
