Los cuatro chabolistas de la antigua Conservera Celta acusados de secuestrar y esclavizar a indigentes, enfermos y personas sin recursos se sentarán el jueves y el viernes de la próxima semana en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. La Fiscalía reclama que sean condenados a 90, 83, 56 y 55 años de cárcel, respectivamente, tal y como adelantó LA OPINIÓN el pasado mes de marzo. A pesar de que la petición de castigo por parte de la acusación pública, que supera los 50 años de prisión en todos los casos, el Código Penal establece que cumplirían un máximo de 25 años de cárcel si el tribunal los declarase culpables.

Al menos desde 2011 y hasta enero de 2015, cuando la Policía Nacional liberó a las víctimas, los procesados se dedicaban a localizar a personas "en situaciones de indigencia, con graves necesidades económicas, enfermedades o problemas de tipo mental" para robarles sus pensiones y obligarlas a mendigar y a ayudarles en diferentes tareas, entre ellas limpiar sus casas, realizar construcciones, vender globos o atender atracciones en ferias, según consta en el escrito de calificación elaborado por el Ministerio público. "Eran mantenidos en unas condiciones de vida indignas, durmiendo en cajas de camión o galpones sin cuarto de baño o servicios, teniendo que lavarse con una manguera con agua fría, teniendo que hacer sus necesidades en el monte, recibiendo escasa comida y teniendo que pedir permiso a los acusados para realizar cualquier cosa", relata la Fiscalía, que especifica en su escrito los abusos a los que presuntamente sometieron a seis víctimas.

Los procesados, dos hombres y dos mujeres familiares entre sí que permanecen en prisión provisional desde que fueron arrestados, negaron los hechos tanto en las declaraciones que prestaron en dependencias policiales como judiciales. Así, sostuvieron que eran sus "criados" y que lo hacían por voluntad propia. La Fiscalía les imputa a los procesados seis delitos contra la integridad moral y seis delitos de trata de seres humanos en concurso con imposición de condiciones laborales abusivas. Además, algunos de ellos están acusados de delitos de detención ilegal, lesiones, estafa, robo con violencia y tenencia ilícita de armas, pues durante el registro de una vivienda de Ledoño, propiedad de uno de los matrimonios, los agentes localizaron una pistola para la que carecían de licencia.