El 091 denuncia al Ayuntamiento ante Protección de Datos por el despliegue de San Juan

El 091 informa a la Agencia de Protección de Datos de que personas que no eran policías ni de seguridad privada visualizaron las grabaciones

26.07.2016 | 05:05
El camión desde el que se controlan las cámaras, en 2015, en la Coraza.

La Policía Nacional ha denunciado al Ayuntamiento ante la Agencia de Protección de Datos porque sostiene que incumplió la ley de videovigilancia durante el dispositivo de seguridad de la noche de San Juan. El 091 comunicó a la Agencia y a la Comisión de Videovigilancia de Galicia la infracción que asegura que cometió el Ayuntamiento al permitir que personas que carecían de autorización tuviesen acceso a las imágenes en directo que grababan las cámaras instaladas en el paseo marítimo para prevenir la comisión de delitos, principalmente hurtos, y facilitar la intervención de la Policía Judicial de la Policía Nacional en caso de ser necesaria.

La Policía Nacional indica en su informe que la unidad donde se encontraban las pantallas de visualización carecía de control de accesos y que la puerta estaba "permanentemente abierta". En el documento que el 091 remitió a la Agencia Española de Protección de Datos señala que entraba "ocasionalmente" personal ajeno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los servicios de seguridad privada, los únicos que por ley tienen derecho a visualizar las imágenes. Además, subraya que en su interior se encontraban "casi permanentemente" tres personas observando las pantallas, quienes fueron identificadas por la Policía Nacional, que comprobó que no pertenecían a los colectivos a los que la normativa autoriza a ver las grabaciones.

El 091 apunta al Concello como responsable porque, según el pliego de condiciones del contrato firmado con la empresa encargada del sistema de videovigilancia, es quien debería haber controlado que no se cometiese ninguna infracción. En caso de que la Agencia de Protección de Datos concluya que el Ayuntamiento incumplió la normativa dictaría una resolución en la que indicaría el tipo de falta y las medidas para que se corrija. La Comisión de Videovigilancia de Galicia tampoco impondría sanción económica en caso de detectar alguna irregularidad. Emitiría un informe sobre la infracción.

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