Espera estival de la 'operación Zeta'

Las partes estiman que a partir de septiembre la instructora resolverá sobre el auto de la Audiencia que le pide especificar de qué acusa a cada imputado

04.08.2016 | 10:01

La 'operación Zeta', que investiga un posible fraude a través de las subvenciones de la Xunta y el Estado a cursos de formación, suma cuatro años en curso. En estos momentos, las partes esperan una resolución de la juez respecto a un auto de mayo de la Audiencia Provincial, que le exigía, a petición de varias defensas, que concretase los delitos de los que son sospechosos los investigados para su correcta defensa. Este tribunal se refería a un auto del 4 de mayo de la instructora, que emitía otro con fecha del 15 de enero en el que se ampliaba la relación de imputados, entre ellos, tres cargos de la Xunta y el Estado

La operación Zeta, que investiga un posible fraude en subvenciones públicas a cursos de formación, atraviesa el verano con una resolución de su magistrada instructora pendiente. La Audiencia Provincial instaba a la juez en mayo a concretar los delitos de los que se le acusa a los investigados, tras lo que la titular del juzgado de Instrucción número 6 abrió un trámite de alegaciones para los interesados, que se resolverá previsiblemente a partir de septiembre, según esperan los interesados.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña estimaba parcialmente un recurso presentado por las defensas de algunos de los sospechosos, anulando un auto emitido el 4 de enero y exigiendo una nueva resolución en la respete el "derecho de defensa" de los imputados aunque negando el archivo del caso. La Audiencia destacaba que, a pesar de haber transcurrido casi cuatro años desde el inicio de la operación, los hechos no tenían "más concreción que la que en su día pudo haber justificado el inicio de una investigación".

Solo unos días después, la magistrada abría una nueva fase en el proceso, con un auto fechado el 15 de enero en el que sí indicaba una serie de delitos ampliando además la nómina de investigados con 25 personas más, entre ellos, tres altos cargos de la Xunta y del Estado. En dicho dictamen, la juez consideraba "demoledoras" las conclusiones del informe sobre la trama.

Entre los citados como investigados (antiguamente denominados imputados), incluye a una alto cargo de la Xunta y a otros dos exdirectivos públicos, uno del Gobierno autonómico y otro del central. La juez citaba también como investigado a Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, como presunto autor de un delito de tráfico de influencias. Lucas fue señalado por el presunto cabecilla de la trama, el empresario coruñés Gerardo Crespo, como "conseguidor" de contratos públicos para sus empresas. Tanto Crespo como la oposición en el Parlamento de Galicia presentaron a Lucas como "amigo íntimo" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada ampliaba también la lista de testigos llamados a dar explicaciones sobre el funcionamiento de las ayudas, un total de 23 personas, entre las que destaca la actual conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato.

Algunos de los investigados consideran, sin embargo, que el auto de la Audiencia Provincial de mayo, en referencia a la resolución del 4 de enero y no a la del 15, es realmente un "proyectil a la línea de flotación de la investigación" y que podría suponer, por ejemplo, que se comenzasen a solicitar dictámenes que consideran relacionados y medidas cautelares como el embargo de bienes.

Uno de los que ha presentado alegaciones es la representación de Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Empresarios y Profesionales de España (Caype). Conforme a los términos del auto de la Audiencia Provincial, los abogados solicitan a la magistrada que se concreten las conductas delictivas atribuidas y que justifique por qué no se consideran prescritas. Exigen la nulidad de las actuaciones posteriores al auto del 4 de enero anulado parcialmente por la Audiencia, entre ellas, la apertura de una pieza separada abierta a finales de marzo y que afecta a Caype y Feaga (autónomos). Esta parte de la base que ninguna de las dos entidades tenía vida orgánica ni función representativa real, que compraban listados de afiliados y ponían sedes ficticias, algo que desde la defensa vuelven a negar en la alegación.

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