Ocho acusados de colaborar en un plan diseñado para conseguir préstamos bancarios aportando documentación falsa se sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Los sospechosos, según el escrito de calificación de la Fiscalía, lograron hacerse con más de 120.000 euros. El representante del Ministerio público reclama para los investigados penas que oscilan entre los 5 años y medio y los 22 meses de cárcel. La acusación relata en su informe que los dos presuntos cabecillas captaron "a personas con escasa solvencia económica" y les propusieron acudir a entidades bancarias que ellos seleccionaban para solicitar préstamos.

Los procesados les proporcionaban la documentación necesaria y les advertían de que tenían que seguir sus instrucciones. Así, les entregaban los justificantes necesarios para que los bancos les aprobasen las solicitudes, entre los que destacan las nóminas que elaboraban con empresas y salarios inexistentes. "Las personas captadas eran plenamente conscientes de que la documentación que presentaban no eran auténtica y de que no tenían medios para hacer frente a los plazos de los préstamos que suscribían", asevera el representante del Ministerio público en su escrito de calificación, en el que señala que las entidades financieras se percataban del engaño cuando pretendían cobrar las deudas. Los sospechosos, según la acusación, actuaron en sucursales situadas en la calle Real, Juan Flórez o la calle Barcelona, así como en entidades de Arteixo. Algunos préstamos los demandaron por teléfono.

La Guardia Civil arrestó a tres de los sospechosos durante la mañana del día 13 de octubre de 2005. En el vehículo en el que viajaban localizaron documentos falsos destinados a solicitar préstamos bancarios. La Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, de cinco delitos continuados de utilización de documentos mercantiles falsos y de un delito de utilización de documentos mercantiles falsos. Para las dos personas que idearon el plan y captaron al resto de imputados la Fiscalía reclama cinco años y medio de prisión. Además, el Ministerio público demanda que indemnicen a las entidades bancarias afectadas con el importe de los préstamos que no devolvieron.