La concejalía de Xustiza Social ultima en estos días los trámites iniciados en septiembre para la adjudicación de las 300 ayudas a domicilio que la Xunta denunció ayer que no está prestando a pesar de disponer de los recursos económicos para hacerlo desde el mes de junio, por lo que había denunciado la existencia de un "déficit de gestión". La Mesa de Contratación municipal se reunió el pasado día 14 para analizar las propuestas técnicas de las siete empresas que compiten por gestionar el Servizo de Axuda no Fogar durante los dos próximos años, con el que se darán 60.000 horas de atención gracias a un presupuesto de dos millones de euros.
La polémica sobre la aplicación del copago en este servicio, que el Gobierno local rechaza ampliar y que la Xunta le exige que implante de acuerdo con la legislación, llevó el lunes al conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, a acusar al Concello de no ofertar toda la ayuda a domicilio que le permitiría la ampliación de la subvención económica en 582.000 euros. Rey aseguró que con esta cantidad podría eliminarse la lista de espera para el servicio en A Coruña, ya que se daría la prestación a 300 personas más, frente a las 1.200 que ahora la reciben.
"No es de recibo que la Xunta trate de desviar la atención", manifestó ayer la concejal de Xustiza Social, Silvia Cameán, sobre el reproche del Gobierno gallego acerca de la ayuda a domicilio. Para la edil, el verdadero problema se encuentra en la pretensión de que el Concello aplique un "brutal copago" en la ayuda a domicilio y no en las horas que podrían ofertarse con una subvención de la que destacó que se entregó a los ayuntamientos "en período preelectoral", pese a que su departamento solicitó el aumento de la aportación autonómica para estos servicios "desde el minuto uno de la llegada a María Pita".
También destacó Cameán que el proyecto de presupuestos municipales que prepara el Gobierno local para el próximo año incluye una partida de un millón de euros para este mismo servicio, para cuya prestación el Concello cuenta en la actualidad con tres contratos más, al margen del que está a punto de adjudicar. La suma de los cuatro contratos de ayuda a domicilio alcanza los 7 millones de euros entre las aportaciones municipales y autonómicas.
La concejal recordó que Política Social le reclama que adapte la normativa sobre este servicio a la legislación estatal y gallega que establece el copago, a lo que el Concello contestó por escrito a la consellería que su requerimiento será "tenido en cuenta". Política Social negó que con esta iniciativa se reclamara la devolución de los 2,5 millones de euros concedidos en 2015 y que las ayudas futuras estén en peligro, aunque Cameán aseguró ayer que en la carta enviada la consellería "deja claro" que si no se cambia la normativa "podrían retirar la financiación autonómica". La responsable de Xustiza Social anunció que el Gobierno local "no va a ser cómplice de estas medidas", en referencia al incremento del copago, y que el Concello "garantizará" que el servicio de servicio de ayuda a domicilio se siga prestando.
