La concesionaria de la fábrica de armas, Hércules de Armamento, ha cumplido esta semana su segundo aniversario como gestor oficial de la planta sumida en un mar de polémicas. La compañía acumula miles de euros en impagos de nóminas a los trabajadores, algunos de los cuales ya han llevado a la empresa a los tribunales, y mantiene sin saldar deudas con la Seguridad Social y con proveedores, como la empresa de vigilancia privada que se hizo cargo del control del complejo hasta noviembre de 2015, mes en que cesó en sus funciones por impagos.
Precisamente, desde aquel momento el Ministerio de Defensa, propietario de la planta, retiró el permiso a Hércules para fabricar material armamentístico, al no garantizar la seguridad del mismo. Esta línea de productos relacionados con el sector de las armas representaba el 44,58% del plan de negocio presentado en octubre de 2014 por el director de la empresa, Ramón Mejuto.
Los datos contables de la compañía tampoco invitan al optimismo dos años después. De acuerdo con el Registro Mercantil, Hércules de Armamento tuvo en 2015 un volumen de negocio de 28.000 euros, una cifra que contrasta con los 520.000 euros registrados en pérdidas. Además, por aquel entonces debía a los bancos 700.000 euros de una deuda a corto plazo de 980.000 euros. La realidad dista de las previsiones hechas por la compañía cuando recibió la adjudicación, momento en el que apuntaban a entre 12 y 20 millones de euros de facturación en el primer año de actividad gracias a ocho preacuerdos que, decían, tenían cerrados.
El Ministerio de Defensa, que hasta ahora siempre ha confirmado que la empresa cumple con todas sus obligaciones, ha convocado a la dirección a un encuentro el 2 de noviembre, en el marco de la Comisión de Seguimiento que periódicamente se reúne para comprobar el cumplimiento del contrato. Uno de los asuntos que estarán sobre la mesa será el abono del canon de 250.000 euros que Hércules debería haber pagado este mes y, según fuentes del Ministerio, no desembolsó. El pasado año el abono de este canon se demoró hasta marzo y, ante la imposibilidad de pagar, Defensa ejecutó el aval puesto por la empresa cuando se le entregó la concesión. No abonar esta cantidad es, según el pliego de condiciones, motivo para anular la concesión.
El 26 de octubre de 2015 la empresa alcanzó el mínimo de 155 trabajadores al que se había comprometido a llegar en la oferta que presentó al concurso, aunque muchos de ellos lo hicieron con contratos de jornada reducida. El comité de empresa, que en septiembre denunció impagos desde hace un año, no quiso hacer declaraciones sobre la situación en que se encuentran ahora los trabajadores. Este diario tampoco logró contactar en los últimos días con fuentes de la empresa.
La polémica también ha salpicado a los accionistas del proyecto. Impulsado por Ramón Mejuto y Juan José Gómez, este último salió del capital de la empresa después de una maniobra de Mejuto que lo convirtió en socio único y derivó en un conflicto judicial entre ambos.
A lo largo de estos dos años, la dirección de Hércules se ha agarrado desde el primer minuto a la posible entrada de nuevos socios capitalistas en el accionariado que, tildada siempre de "inminente", todavía no se ha materializado. Mejuto acusó a los extrabajadores de UGT, concentrados desde hace años a la puerta de la fábrica, de entorpecer la actividad de Hércules y de haber ahuyentado a inversores.
