La Xunta ha dado luz ver a la modificación parcial del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) propuesta por el Gobierno local para permitir que en los bajos comerciales de Novo Mesoiro se puedan instalar servicios públicos, además de locales comerciales. Este cambio en el ordenamiento llega después de las peticiones de los vecinos de la zona, que reclamaban dotar de algún tipo de actividad a estos establecimientos que no contaban con demanda privada.
El Gobierno gallego entiende que esta modificación en el PGOM no causará "efectos ambientales negativos", por lo que cree que no es necesario someter este cambio al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, pudiendo seguir adelante con el cambio. En esta línea se manifestaron el Instituto de Estudos do Territorio, la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y el Servizo de Montes.
En numerosas ocasiones, la asociación vecinal del barrio había solicitado la ocupación de los locales para "reducir el mal ambiente" de la zona. Una teoría que consideran que se ha cumplido con la apertura de la oficina de Correos en 2014. A juicio de la entidad, el hecho de que los locales tengan actividad tiene un "efecto disuasorio", por lo que la asociación vecinal propuso su ocupación con una biblioteca, una comisaría de policía o una sala polivalente que pudieran utilizar para las reuniones vecinales.
El visto bueno de la Xunta a este cambio no pone fin a su recorrido administrativo, que todavía debe ser aprobado de forma inicial por el pleno municipal. Cuando se formalice, el abanico de usos para los bajos públicos y privados se abrirá de manera que estos podrán albergar, no solo compraventa de mercancías, sino también almacenes, servicios empresariales, espectáculos, oficinas, salas de reuniones, hostelería, garaje-aparcamiento y servicios.
El departamento de Rexeneración Urbana consideró que la situación que viven estos bajos ha tenido como resultado "que no se dé la necesaria ocupación de los bajos de las edificaciones con los usos previstos, lo que va en detrimento de la cohesión e integración social".
Con respecto a qué uso concreto tendrán estos establecimientos, el Gobierno informó en el encuentro Dillo ti celebrado el 1 de octubre en el barrio que abrirá un "proceso participativo" entre los vecinos para definir las necesidades de servicios culturales que hay en la zona. "Deben prestar un servicio útil para todo el barrio, completando la actividad del centro cívico", remarcó la concejal de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, en aquel encuentro.
En paralelo a esto, el Gobierno municipal señaló la pasada semana, en respuesta a una pregunta del PP, que ya está tramitando la contratación de las obras para acondicionar el interior y exterior de estos locales a los nuevos usos que puedan albergar.
El cambio de la normativa urbanística para permitir en los locales la instalación de servicios públicos, además de establecimientos comerciales, había sido uno de los acuerdos a los que había llegado el pleno municipal en una de sus últimas sesiones, a través de una moción presentada por la Marea Atlántica.
