La Audiencia Provincial celebrará la próxima semana el juicio contra el acusado de intentar matar a su vecino tras una discusión. La Fiscalía demanda que el sospechoso sea condenado a siete años de prisión y a abonar a la víctima una indemnización de 11.413 euros por las lesiones que le causó y las secuelas que sufre. El procesado, según relata la fiscal en su escrito de calificación, sobre las 19.30 horas del 23 de julio de 2014, mantuvo un "fuerte enfrentamiento" con su vecino, "sin que se haya llegado a precisar ni la razón de la disputa ni que existiese un intercambio de golpes entre ambos". Después de unos minutos, el imputado se subió a su coche y, "con la evidente intención de acabar con la vida de su vecino", que caminaba por la acera en dirección a Vilaboa (Culleredo), atravesó el carril de sentido contrario, subió el turismo a la acera y lo embistió por la espalda.
La víctima cayó sobre el capó y, luego, fue proyectada sobre el suelo, donde quedó inconsciente. El sospechoso, tras atropellarla premeditadamente, hizo un giro brusco con su automóvil y regresó a su vivienda. El afectado fue atendido por los vecinos que se encontraban cerca del lugar de los hechos y fue trasladado por una ambulancia medicalizada al complejo hospitalario Universitario, donde permaneció diez días ingresado. En curar de las lesiones tardó 50 días, todos los cuales estuvo incapacitado para realizar sus tareas habituales. Como secuelas le quedaron cicatrices en el antebrazo izquierdo y en las manos. El sospechoso fue detenido tras los hechos y el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que es el que ejercía las funciones de guardia, decretó el 28 de julio de 2014 como medida cautelar para proteger a la víctima la prohibición de que el acusado residiese en el término municipal de Culleredo, "acudir o entrar a éste", así como una orden de alejamiento del afectado, "fuese cual fuese el lugar donde se encuentre", y la prohibición de comunicarse con él. La juez también acordó intervenirle de forma cautelar el permiso de conducir.
La Fiscalía, además de siete años de prisión y del pago de una indemnización de 11.413 euros, reclama al tribunal que prohíba al sospechoso residir en el término municipal de Culleredo, aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años.
