La operación de venta del hotel Riazor se llevó a cabo a finales de 2016 ante la perspectiva de unos notables beneficios, tras haber soportado una racha de cuatro ejercicios con pérdidas y haber conseguido unos modestos resultados positivos en 2015. Las familias Graña, Álvarez y Mazoy -propietarias del hotel desde su apertura en 1964- decidieron ponerlo en la venta tras cerrar 2015 con beneficios de 4.532 euros, después de que entre 2011 y 2014 tuvieran que hacer frente a resultados negativos por la caída de la actividad económica generada por la crisis.

El aumento de la facturación fue lo que precisamente animó a los fundadores del Riazor a promover su reforma para adaptarse a las necesidades del negocio, para lo que diseñaron un proyecto que iba a ponerse en marcha el pasado 12 de diciembre y que fue desechado por el nuevo propietario al adquirir la empresa.

El peor momento para la compañía había sido el año 2011, ya que si el año anterior se habían contabilizado unos beneficios de 122.468 euros, en ese se alcanzaron unas pérdidas de 286.196 euros. En 2012 también se cerró el año con un resultado adverso, en esa ocasión de 214.857 euros, mientras que en 2013 descendió a 176.658 euros. La recuperación de la economía empezó a apreciarse de un modo más relevante en 2014, ya que las pérdidas se redujeron entonces a 24.326 euros.

Ya en 2016, con la perspectiva de obtener beneficios de nuevo y pese a que también se estaba poniendo en marcha la reforma del edificio, un sector de los propietarios encargó la venta del hotel, ya que era partidario de abandonar esta actividad, para lo que plantearon la posibilidad de deshacerse de la empresa o tan solo del edificio.

La negociación desarrollada por un intermediario cristalizó el pasado mes de noviembre con la compra de la sociedad por parte del empresario Rafael Ferreiro Lodeiro, propietario de los hoteles Compostela y Gelmírez en la capital gallega, así como de un complejo de apartamentos en Madrid.

El nuevo dueño se hizo cargo de la gestión del Riazor el 1 de enero y con consecuencias negativas para la plantilla, ya que ese mismo día se procedió al despido de los nueve trabajadores que se encargaban de la cocina y la cafetería del hotel, que fueron sustituidos por personal externo.

Los nuevos gestores anularon además el proyecto de reforma de las instalaciones, que ya había sido contratado. Los antiguos propietarios habían acordado una regulación de empleo durante los cuatro meses que durarían las obras, pero cuando Ferreiro se hizo cargo del hotel, la remodelación se aplazó al año que viene y se reorientó a subir la categoría del establecimiento, que pasaría de las tres estrellas actuales a las cuatro superior.

El despido de un tercio de la plantilla, compuesta por 24 personas en el momento de la venta, causó una conmoción entre los trabajadores, ya que los antiguos propietarios les habían asegurado que no habría consecuencias. Los afectados denunciaron a la empresa en los juzgados de lo Social, ya que su salida se efectuó mediante un despido objetivo y pretenden que se declare como nulo improcedente para incrementar la indemnización recibida.

También la relación laboral en el hotel sufrió cambios, ya que los nuevos propietarios denunciaron el convenio colectivo y anunciaron su intención de acogerse al acuerdo provincial del sector, que establece unas retribuciones inferiores a las que disponían los empleados del hotel.