Las empresas de recobro, conocidas popularmente como fondos buitre, están a la cabeza de las reclamaciones de deuda que se registran en los juzgados civiles de A Coruña. Lo hacen a través de procedimientos monitorios, pues no requieren abogado ni procurador para iniciar el litigio y permiten exigir el pago de todo tipo de deudas con una tramitación rápida. Los fondos buitre compran grandes paquetes de pasivo a precios irrisorios a bancos, empresas de telefonía o eléctricas, principalmente, y presentan las reclamaciones por centenares en juzgados de todo el mundo.

Las cantidades por las que demandan son pequeñas, pero a muchas personas, por lo que recaudan millones de euros. En 2016 en la provincia de A Coruña se presentaron alrededor de 15.000 monitorios, de los que prácticamente la mitad se interpusieron en la ciudad. En el año 2009 fue cuando se contabilizaron más procedimientos de este tipo 18.000, seguido de 2010 -17.000-, frente a los 10.000 que se registraron en 2007, antes de la crisis.

La petición inicial de monitorio es muy sencilla, basta con cubrir un impreso tipo que se facilita en la oficina de información al ciudadano de Nuevos Juzgados. Una vez que el juzgado lo admite a trámite, requiere a la persona a la que se le reclama la deuda que en un plazo de veinte días la pague o se oponga. Si opta por la primera opción, el proceso se archiva y, si elige la segunda, se celebra un juicio. En este último caso, el demandado tendría derecho a contar con un abogado de oficio si no supera unos determinados ingresos, pues en la segunda fase, es necesario contar con un letrado.

En la mayoría de los casos, sin embargo, los deudores no se oponen ni pagan la deuda porque son cantidades muy pequeñas y desconocen el procedimiento a seguir. Al no comunicar el rechazo, el juez emite un decreto para que se proceda al embargo de la nómina o bienes del demandado. De esta forma, los fondos buitre cobran de forma casi automática, con rapidez y sin apenas costes. Los procedimientos monitorios que inician rara vez llegan a juicio, según apuntan fuentes de la Oficina Común de Notificaciones y Embargos.

Este tipo de reclamaciones aumentaron con la crisis, a partir de 2008, y hubo un repunte con la imposición de tasas judiciales, en 2012, debido a su agilidad en la tramitación y a que no es necesario contar con abogado ni procurador. La mayoría de las empresas de recobro que formulan las demandas que llegan a los juzgados coruñeses tienen su domicilio social en Madrid aunque algunas tienen sedes en países extranjeros como Irlanda.

Cuando las peticiones de cobro se hacen con deudas que están judicializadas, generalmente en fase de ejecución, los fondos de recobro se personan como los nuevos acreedores, lo que provocó la apertura de casos en A Coruña que llevaban años archivados. Cuando todavía no están en ejecución, recurren al monitorio.

Por esta vía, además de las demandas de los fondos buitre, continúan recibiéndose casos presentados por las comunidades de propietarios o por empresarios y autónomos por facturas que nunca llegaron a cobrar. Fuentes judiciales señalan que en los últimos años incrementaron los monitorios de las comunidades de propietarios, pues la crisis provocó un aumento de los coruñeses que dejaron de pagar los recibos de los gastos de sus edificios. También recurren a este procedimiento los arrendatarios a los que sus inquilinos no les abonan el alquiler. La crisis está directamente relacionada con el aluvión de demandas que llegan a los juzgados de Primera Instancia, que están saturados. Todos superan los módulos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, que establecen la carga máxima de trabajo.