Las discrepancias entre Gobierno local y oposición llegan al punto de que ya ni es posible llegar a un acuerdo sobre cómo hay que votar en una comisión. La edil de Facenda, Eugenia Vieito, suspendió ayer, tras varias horas de discusión, la Comisión de Facenda en la que estaba previsto debatir las alegaciones presentadas al proyecto de presupuesto del Ejecutivo. Dos posturas irreconciliables desataron la ruptura: por un lado la concejal de Facenda, que exigía que se votase solo el informe propuesta del Gobierno en el que se acepta una alegación socialista y se desestiman el resto, y, por otro, la oposición, que reclamaba votar alegación a alegación.

¿Qué cambiaría si se vota de una forma u otra teniendo en cuenta que lo que se vote en esta comisión no es vinculante? Básicamente, el desarrollo del pleno de aprobación final de las cuentas. Si se votase alegación por alegación, cada grupo municipal podría apoyar o rechazar selectivamente en el pleno cada alegación, ganando la oposición más autonomía para cambiar el presupuesto. Si la votación de la Comisión de ayer fuese solo sobre la propuesta del Gobierno, la votación solo permitiría estimar o desestimar ese dictamen. Tal y como recordó ayer el secretario municipal en la reunión, el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), sin embargo, otorga a los partidos el derecho a presentar votos particulares contra dicho dictamen en el pleno, lo que en la práctica permitiría a la oposición modificar, si logran mayoría, las cuentas del Gobierno.

El interventor general del Ayuntamiento, en su informe sobre las alegaciones, concluía que la mayoría de las reclamaciones debe ser desestimada por incumplir los supuestos que la ley permite para aceptarlas. En cambio, advierte de que tres alegaciones -dos del PP y una del PSOE- son "más dudosas", y no puede emitir un dictamen concluyente. Debe ser el pleno, donde Marea no tiene mayoría absoluta, el que decida. El interventor sí estima la petición socialista de añadir 1,63 millones de euros a la partida del bonobús, dirigida a abonar facturas de final de 2016.

Fuentes conocedoras del debate de ayer señalaron que las dos únicas alegaciones que podrían contar con un respaldo mayoritario sería la petición socialista del bonobús -con el respaldo, al menos, de Marea y PSOE- y la alegación del PP de reducir en cuatro millones la previsión de Emalcsa al Concello, que contaría con el visto bueno también de los socialistas. Ambos entienden que el Gobierno local no puede dar por garantizado el ingreso de esta cantidad ya que depende del consejo de administración de Emalcsa, en el que Marea no tiene mayoría.

El informe del interventor sobre las alegaciones señala que cualquier propuesta de reducción de ingresos debe ir acompañada de un acuerdo de ajuste de gastos. Los socialistas sí que lo presentan para su alegación del bonobús pero no los populares, que dejan el recorte en manos del Gobierno.

La concejal de Facenda acusó a PP y PSOE de "bloquear" la entrada en vigor del presupuesto, con una propuesta de "recorte de diez millones de euros". El PP local tachó la reunión de la Comisión de ayer de "paripé" y acusó al Gobierno pretender "imponer su informe propuesta". La portavoz conservadora, Rosa Gallego, amenazó incluso con adoptar acciones legales contra el Gobierno si se impide la votación de las alegaciones. El PSOE pide al Gobierno que enarbole "la bandera del victimismo" tras la comisión de ayer y mostró su preocupación por el hecho de que las cuentas estén sin aprobar a las puertas de mayo. El BNG considera "increíble" que el debate presupuestario repita la misma situación de bloqueo de 2016 y acusa al resto de grupos de desentenderse de los intereses de la ciudad y centrarse solo en los intereses de partido.