El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha archivado la investigación sobre un supuesto soborno a un funcionario del departamento de Urbanismo del Concello. La magistrada concluyó en el auto que da por cerrado el caso que carece de indicios suficientes de que el sospechoso hubiese recibido dinero de un vecino de la ciudad para evitar que le caducase una licencia. El archivo es provisional, pues la causa puede reabrirse si aparecen nuevos indicios de que el funcionario incurrió en algún delito al tramitar licencias del área municipal de Urbanismo.

Una compañera del trabajador comunicó a sus superiores en noviembre de 2015 que un usuario del servicio le había asegurado que había realizado un pago a uno de sus compañeros para impedir la pérdida de un permiso. Tres días después, el Ayuntamiento puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, quien abrió las diligencias que supusieron el arranque de la investigación judicial.

El representante del Ministerio público detectó indicios de que el funcionario de Urbanismo cobraba sobornos a cambio de facilitar la concesión de licencias o de evitar la caducidad de las ya otorgadas, por lo que lo denunció ante el juzgado, que abrió una investigación. El Concello se personó en el caso como acusación particular, pues tanto el alcalde, Xulio Ferreiro, como el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, sostuvieron que había sospechas de que la práctica de cobrar a cambio de ejecutar trámites se realizaba "desde hacía años" en el departamento de Urbanismo.

El pasado mes de septiembre, la titular de Instrucción 6 ya había practicado todas las pruebas documentales y testificales necesarias, pero amplió el plazo de la investigación a petición de la Fiscalía, que estaba a la espera de un informe. Durante la instrucción, la magistrada tomó declaración al funcionario en calidad de investigado -figura judicial que sustituye a la de imputado- por un delito de cohecho -soborno o aceptación de soborno-. La juez también escuchó la versión de algunos testigos, entre ellos la compañera del sospechoso que informó sobre las supuestas irregularidades a sus superiores. La trabajadora del Ayuntamiento declaró que un ciudadano se había quejado por haber pagado a un funcionario de su departamento municipal para impedir que le caducase una licencia.

El Gobierno local cambió al empleado de servicio en cuanto se inició la investigación sobre las prácticas que llevaba a cabo. La falta de pruebas suficientes llevó a la magistrada a emitir un auto en el que decreta el sobreseimiento del caso. La Fiscalía solicitó el pasado mes de septiembre la prórroga de la instrucción porque la causa era más compleja de lo habitual, pues con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor en 2015, el plazo de investigación de los casos simples se redujo a seis meses.

La juez concedió la ampliación, pero tras la presentación del informe del Ministerio público decretó el archivo del caso al carecer de pruebas suficientes para dictar auto de apertura de juicio oral y sentar al sospechoso en el banquillo de los acusados.

Tras el inicio de la investigación judicial por el supuesto cobro de sobornos a cambio de la tramitación de licencias, el Gobierno local dictó nuevas normas de acceso del personal municipal al archivo de documentación de la Concejalía de Urbanismo. Desde finales de 2015, cualquier funcionario o empleado que precise retirar información guardada en esa sala debe solicitarlo expresamente al vigilante de seguridad del edificio de Urbanismo, situado en la calle del Parque, en Monte Alto. Antes de que se denunciase el caso investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 la solicitud se realizaba directamente al personal a cargo del archivo de documentación.