Gerardo Crespo, el presunto cabecilla de la operación Zeta, en la que se investiga el presunto fraude de subvenciones para cursos de formación para parados y discapacitados, se sentó ayer por tercera vez ante la juez instructora. En esta ocasión fue a petición de su abogado, José Ramón Sierra, para que respondiese a preguntas sobre los cinco programas de empleo que ejecutaba su consultoría y que le fueron revocados por la Xunta en 2012, solo dos meses después de que los agentes de la Policía Judicial iniciasen, bajo secreto, la operación Zeta.

La solicitud de prestar declaración fue realizada tras la entrega de unos informes realizados por peritos contratados por la defensa sobre esos programas formativos. El interrogatorio de la magistrada se limitó ayer a la ejecución de esos cinco planes de empleo aunque la investigación de la Zeta incluye las ayudas millonarias, la mayoría de la Xunta y del Estado, recibidas por entidades de la presunta trama entre 2008 y 2012. Crespo defendió ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña que la realización de esos cinco cursos fue correcta y que Traballo carecía de motivos para revocarlos. "Los anularon porque les dieron el chivatazo de que nos estaban investigando. Fueron las únicas revocaciones que hubo en toda España y todo estaba bien hecho", explicó el presunto líder de la trama a la juez, al tiempo que indicó que, en ese momento, no se explicaba "qué estaba pasando".

La Dirección Xeral de Traballo alegó entonces para rescindir la relación con Azetanet, la consultoría de Crespo, que incumplía los índices de inserción laboral exigidos y que no impartía la formación necesaria. Los cinco planes de formación los ejecutaba Azetanet para la federación de Autónomos de Galicia (Feaga), la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo), la Asociación Provincial de Hostelería y el sindicato USO, todas ellas implicadas en la Zeta. "Nos llegaron a hacer inspecciones para ver si había cursos, pero no tiene sentido porque los programas eran de inserción laboral, no había horario de clases porque se planifican según los perfiles que demandan las empresas", argumentó el imputado, quien acusó al fiscal superior de Galicia de filtrar al entonces alcalde, Carlos Negreira, que tenía el teléfono pinchado. A partir de ahí, según testificó ayer ante la juez, le revocaron los cursos y los políticos dejaron de responder a sus llamadas y mensajes.

La última vez que el sospechoso de liderar la trama dedicada al fraude de subvenciones para cursos de formación para desempleados y discapacitados se había sentado ante la instructora fue en diciembre de 2016. Entonces aceptó responder a algunas de sus preguntas, pues la primera vez que fue citado, en febrero de 2015, se negó a declarar porque faltaba un informe de Hacienda.

El imputado defendió el pasado mes de diciembre que realizó todos los cursos de formación para los que recibió subvenciones entre 2008 y 2012. El investigado por delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental, que pueden derivar en delitos de prevaricación y corrupción, alegó que la ejecución de los programas destinados a fomentar el empleo fue validada por la Xunta. La instructora retomó a finales de 2016, tras año y medio, las declaraciones de algunos de los 55 investigados en la Zeta, entre los que figuran empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y exaltos cargos de la Xunta, tanto de la gobernada por el PSOE y el BNG como por el PP. Los sospechosos recibieron, entre 2008 y 2012, ayudas millonarias, principalmente de la Xunta y el Estado, según consta en el sumario de la operación. Solo del Gobierno gallego se embolsaron alrededor de 15 millones.