El gerente de la Universidade da Coruña, nombrado por el equipo rectoral, hizo en el pasado Consello de Goberno una lectura positiva de la suspensión de compromisos de gastos adoptada por el anterior gobierno universitario en 2015, a raíz de la crítica situación económica que atravesaba la institución académica por aquel entonces.

Con aquella decisión, el Rectorado congeló hasta final de año los gastos ordinarios ante la insuficiencia de los recursos disponibles para afrontar la deuda de cinco millones de euros con los proveedores, ya que el margen de maniobra económico de la institución para los próximos meses era prácticamente nulo.

El Rectorado atribuía de forma habitual esta delicada coyuntura a la insuficiente financiación que le proporciona la Xunta, a la que acusa de no facilitarle los recursos necesarios para hacer frente a sus costes estructurales. Esta escasez de medios llevó aquel año al Rectorado a tener que emplear 2,3 millones de euros de remanentes de los presupuestos de los años anteriores a cubrir las insuficiencias del sistema de financiación que aplica la administración autonómica, al que el entonces rector coruñés, Xosé Luís Armesto, tachó en numerosas ocasiones de "insostenible".