Una reforma que espera su arranque

Los planes para mejorar Lavedra ya se anunciaron la década pasada y tras cambios de proyectos y negociaciones entre administraciones hay presupuesto a falta de concretar actuaciones

07.09.2017 | 01:02

La reforma del principal vial de entrada y salida de la ciudad, la avenida Alfonso Molina, es un proyecto abordado desde hace una década por las administraciones local y estatal, con proyectos previstos tanto para el tramo urbano como para el trayecto entre Ponte da Pedra y la conexión con la AP-9 y más allá, hasta Pedralonga. La ampliación de carriles en ambos sentidos de circulación y la humanización de los bordes con itinerarios peatonales y ciclistas en esta parte del vial han sido los dos aspectos de la reforma sobre los que desde hace dos años han negociado el Gobierno de Marea y el Ejecutivo central del PP.

Las administraciones alcanzaron en junio de 2016 una postura más o menos común, una propuesta de integración en la que ambas tuvieron que ceder respecto a sus propuestas iniciales, sobre todo el Concello, ya que el plan que Fomento encargó al ente estatal Ineco limitó las aportaciones municipales a los pasos peatonales y a los carriles para bicis. Por eso el Ejecutivo local ha remitido ahora las alegaciones para reclamar soluciones que mejoren la seguridad en el vial reformado, la conexión de las rutas peatonales con las paradas de bus o la protección del medio ambiente.

El Ministerio calcula que la obra tendrá un coste de 19 millones de euros, un 34,2% más de la estimación que se había previsto en los Presupuestos del Estado de este año. En las cuentas el plan figura con un importe total de 12,5 millones, de los que 2,5 se invertirían en esta anualidad, mientras que en cada una de las tres próximas se reservarían 3 millones. La inversión con la que salió a información pública en 2014, era de solo 9,2 millones de euros, puesto que en aquel momento la actuación se limitaba al añadido de un carril más sentido sin intervenciones complementarias. La incorporación de las propuestas de humanización del Concello se cuantifican en 3,05 millones.

La reforma, cuya ejecución se prevé que dure dos años, debería correr por cuenta de Audasa, no del Estado, después de que firmase un preacuerdo con la concesionaria de Autopistas del Atlántico en 2012 a cambio de poder subir las tarifas de la AP-9 un 1,5% durante 20 años. Pero ahora la empresa está enfrentada con Fomento, al que exige el pago de 115 millones de euros por obras realizadas en Rande y Santiago y bonificaciones de los peajes de Pontevedra.

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