La exigencia de responsabilidades por los daños causados por la reforma ilegal del edificio Fenosareforma ilegal del edificio Fenosa, que el Tribunal Supremo ha confirmado que deberá volver al estado previo a las obras realizadas hace veinte años, es un proceso en el que acaba de entrar el Gobierno de Marea y en el que debe aguardar por conocer el alcance económico de semejante actuación urbanística antes de señalar culpables y dirigirles reclamaciones. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, adelantó la semana pasada en una entrevista a LA OPINIÓN que en cuanto el Ayuntamiento conozca los costes efectivos de la obra irregular realizada durante el mandato de Francisco Vázquez que ha estado casi dos décadas en los tribunalesobra irregular realizada durante el mandato de Francisco Vázquez pedirá esas responsabilidades, un paso que no obstante depende de "distintos escenarios".

"Jurídicamente, para que el Concello pueda pedir responsabilidades a terceros, primero alguien tiene que declarar la responsabilidad del Ayuntamiento y habrá que cuantificarla", advirtió ayer Ferreiro. Con esta premisa y a la espera también de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decida cómo se ejecuta la sentencia que ordena la demolición del inmueble y qué garantías corresponden a los afectados, la administración local se ha puesto a trabajar en un ambiente de preocupación por el golpe económico que el fallo inapelable supone para las arcas municipales.

"Trabajamos teniendo en cuenta los principios que siempre hemos defendido, que pasan por el cumplimiento de la legalidad urbanística, el interés del erario público y la hacienda municipal y también los derechos de los vecinos propietarios del inmueble", aclaró el alcalde, cauto respecto a las futuras decisiones que tomará el Concello: "Los escenarios no dependen de nosotros sino de las sentencias del Tribunal Superior de Galicia o del Supremo en cuanto a la obligación de las garantías que fijarán jurisprudencia. No descartamos nada y no damos nada por hecho".

Ferreiro apuntó la semana pasada, cuando el Supremo cerró la vía de casación a la que se había agarrado el Concello -al igual que los propietarios- para evitar el derribo del edificio y acometer en su lugar una demolición parcial de las partes ilegales, que en la nueva etapa en la que entra este conflicto es prioritario dar con una solución que salvaguarde los intereses municipales y vecinales, aunque dando por hecho que el Ayuntamiento y la hacienda municipal van a quedar en una "delicada" situación.

El alcalde adelantó también que la existencia de daños conllevará la exigencia de responsabilidadesresponsabilidades. Será una reclamación, añadió, en la que "por primera vez en el país los responsables tendrían que responder con su patrimonio por el daño causado por su actuación ilegal".

Exigir responsabilidad es un paso que ha incomodado a los gobiernos que sucedieron al de Francisco Vázquez. Cuando el Supremo confirmó en 2014 la demolición del inmueble rechazando que fuese inejecutable el Gobierno de Carlos Negreira evitó señalar a predecesores que asumieran consecuencias. Cuatro meses más tarde, cuando el alto tribunal rechazó admitir a trámite un incidente de ejecución presentado por el Ejecutivo del PP, el alcalde comentó que pediría responsabilidades "si hubiera perjuicios".

El Supremo puso fin a los intentos de demolición parcial del edificio Fenosa, un proyecto municipal con una inversión de 1,5 millones de euros que se presentó como alternativa ante los jueces para tratar de devolver la legalidad al inmueble con soluciones como la eliminación de torreones y voladizos, argumentando que el derribo integral era imposible de materializar. El Concello insistía en que sería absurda la demolición total cuando el edificio, después, podría ser reconstruido de acuerdo con el plan general.