El Gobierno central no determinará el coste del dragado ambiental de los sedimentos de la ría coruñesa hasta que el Estado acuerde la propia financiación con las administraciones beneficiadas por la actuación: la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo. Este acuerdo tendrá que alcanzarse antes de que se licite y contrate el proyecto de saneamiento del estuario, según explica la respuesta del Gobierno a una pregunta del diputado de En Marea Antón Gómez-Reino.
En otra respuesta al mismo diputado el Estado señala que el Ministerio de Medio Ambiente ha invertido hasta ahora 239.000 euros en trabajos en la ría: 47.069 euros en la redacción del proyecto constructivo del dragado, 44.346 en la elaboración del documento de evaluación de impacto ambiental del proyecto y 147.585 euros en estudios ambientales y de apoyo al propio proyecto de la ría de O Burgo.
La declaración de impacto ambiental se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 11 de septiembre, pero el proyecto de dragado sigue sin conocerse. La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, había anunciado tres meses antes que hasta que no hubiese esta declaración sería imposible consignar presupuesto y marcar los plazos de ejecución. De los 46,3 millones que preveía necesarios el proyecto de dragado redactado en 2015, el Estado solo reservó el año pasado un millón y siete en total hasta 2020.
