Las cuentas para el año 2018 de la Autoridad Portuaria mantienen unos ingresos de 23,19 millones de euros en concepto de venta de los muelles interiores. Calvo Sotelo, Batería, La Solana y el hotel Finisterre estaban fueron valorados en 25 millones de euros. A mediados de octubre del año pasado, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y su homólogo de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaron que indultarían La Solana, Calvo Sotelo y Batería, que mantendrían su titularidad y su uso públicos. Desde aquella rueda de prensa, sin embargo, ni una parte ni la otra han aportado más datos sobre el contenido de ese eventual acuerdo, salvo que siguen trabajando en ello.

Esta indefinición provocó que, el pasado lunes, el representante del Concello, Xiao Varela, pidiese la retirada de la aprobación del presupuesto del orden del día del consejo de administración, ya que consideraba que era un documento que no estaba actualizado. La Autoridad Portuaria, sin embargo, replicó que, hasta que no haya un documento firmado por Puertos y Xunta, siguen vigentes los acuerdos de 2004, que proponían la venta de los muelles interiores para sufragar la deuda contraída con la construcción del puerto exterior.

El alcalde, Xulio Ferreiro, a preguntas de los periodistas, exigió ayer "explicaciones" por lo sucedido el pasado lunes en el consejo de administración. "No puede ser que se presente a todo trapo un acuerdo del que no sabemos nada entre el presidente de Puertos del Estado y de la Xunta y que, cuatro meses después, presenten unas cuentas donde se prevé ingresar exactamente la misma cantidad que se preveía ingresar por la venta de La Solana, de Calvo Sotelo, de Batería y San Diego", dijo Ferreiro, que solicitó también que se haga público "en qué consiste" el pacto "y quién pone el dinero".

Afeó a las dos instituciones que mantuviesen al Concello al margen de esta operación y les pidió que traten a la ciudadanía coruñesa "como un actor principal" del futuro de la fachada marítima de la ciudad. Por esta razón, Ferreiro invitó a Puertos, a la Xunta y a la Autoridad Portuaria a que participen en el foro de debate Tecendo litoral, que se desarrollará en abril y donde se discutirán los diferentes caminos que la ciudad puede tomar.

"Yo creo que nos contaron una milonga, aunque quiero pensar que no es así, o que el presidente de la Autoridad Portuaria [Enrique Losada] no sabe qué hacen sus jefes. Y, mientras, los representantes de la Xunta en el puerto [entre ellas, la conselleira de Medio Ambiente y virtual candidata a la Alcaldía por el PP, Beatriz Mato], votando en contra de lo que dice el presidente de la Xunta", resumió Ferreiro.

La Autoridad Portuaria, por su parte, defiende que el presupuesto está "pendiente de ser modificado" y que eso será posible cuando se concrete el acuerdo que blinda la titularidad pública de los muelles de Batería, Calvo Sotelo y La Solana. La entidad acusa al Gobierno local de "crear confusión y malestar" al afirmar que "la Autoridad Portuaria mantiene inalterado su plan de enajenación de terrenos". En una nota enviada a los medios de comunicación, el Puerto, critica que Varela fuese el único que votó en contra de la aprobación de las cuentas.

La Comisión Aberta en Defensa do Común reivindica que los terrenos liberados de su actividad portuaria no sirvan solo para generar fondos que ayuden a paliar la deuda que acarrea la Autoridad Portuaria por la construcción de Langosteira. La comisión solicitará "por tercera vez" la celebración urgente de un pleno para aprobar el proceso de elaboración de una consulta popular sobre el futuro del borde litoral, en caso de que este punto no se debata en la sesión ordinaria del mes de marzo.

La plataforma ya anunció que, si el Concello no elabora la consulta popular, serán sus miembros los que, con sus medios, lleven las urnas a la calle para conocer la opinión de los vecinos sobre qué se debe hacer con los muelles interiores.

En la proyección de ingresos y gastos a largo plazo de la Autoridad Portuaria, la Administración prevé el ingreso de hasta 200 millones de euros hasta 2023 por la venta de terrenos que hayan perdido su uso portuario, entre ellos, y según los acuerdos que siguen vigentes, los firmados en 2004, Batería, Calvo Sotelo, San Diego y el muelle Petrolero.