"Todas las administraciones deben trabajar al unísono para apoyar a quien desahucian"

-Las ejecuciones hipotecarias que existen son muy pocas porque ya se han hecho muchísimas y las posibilidades que hay de suscribir una ahora, dada la precariedad laboral que hay, son muy bajas, ya que las entidades financieras no conceden estos créditos a personas con un nivel adquisitivo medio y por eso la gente opta por otra solución que es el alquiler. La renta media que pagan quienes sufren un desahucio de una vivienda de alquiler está entre los 200 y los 450 euros.

- ¿Afecta solo a las personas con ingresos más bajos?

-Casi por completo. Tenemos una bolsa de pobreza y precariedad que es el combustible de los desahucios, que no solo se mantienen, sino que van a más y se cronifican porque la situación laboral no tiene visos de que vaya a cambiar. Hay gente que ha perdido la prestación del paro y las ayudas sociales y tiene que buscar una alternativa para residir, por lo que alquila una vivienda. Pero si no tiene ingresos, se genera desahucios por impago de alquiler, que se van a incrementar exponencialmente en el futuro.

- ¿Cuántas mensualidades se dejan de pagar hasta que se solicita un desahucio?

-Un contrato de arrendamiento puede resolverse por un procedimiento verbal de desahucio por impago de rentas, cantidades debidas o extinción del arrendamiento. Se trata de un procedimiento rápido que se inicia con la presentación de la demanda y para lo que no hay que esperar nada, ya que puede hacerse en cuanto se produce el impago.

- ¿Con una sola mensualidad ya puede presentarse?

-Puede hacerse. El inquilino tiene la posibilidad de enervar, que es consignar la cantidad adeudada en el juzgado para que no se rescinda el arrendamiento, aunque solo puede hacerlo una vez. Si la demanda es admitida, se da un plazo de diez días para que pague, desaloje o se oponga. Si se opone, habrá juicio en el plazo de cinco días, mientras que el lanzamiento será en el de un mes, por lo que un juicio habitual de desahucio se resuelve en el plazo aproximado de cuatro a cinco meses desde que se presenta la demanda. Eso hace que las cantidades impagadas se acumulen y que los afectados no puedan consignarlas en los juzgados, por lo que se producen los desahucios.

- ¿Informan los funcionarios judiciales a estas personas sobre qué acciones pueden seguir?

-Les informamos de lo que va a ocurrir y hay un protocolo de actuación que se mejoró a raíz del desahucio de Aurelia Rey, de forma que si detectamos una situación de vulnerabilidad ofrecemos a la persona un documento para trasladar sus datos a la asistencia social del Ayuntamiento y se le busque una solución.

- ¿Ha funcionado de forma adecuada el protocolo tras su reforma?

-Funciona mejor que antes, pero muchas veces cuando los inquilinos contactan con los servicios sociales es muy tarde, porque hay un sentimiento de vergüenza a poner de manifiesto que no se puede pagar, aunque nosotros se lo explicamos. Por eso llegan con muy poco tiempo para intentar arreglarlo, cuando el lanzamiento ya está muy cercano. Y hay que tener en cuenta que en estos desahucios el propietario no es un rentista, sino una persona que heredó un piso o compró una vivienda con sus ahorros y la alquiló para tener unos ingresos complementarios, por lo que tiene la necesidad de percibir la renta. Lo que hacen los juzgados cuando se busca una alternativa para el desahuciado, es ser sensibles y decretar una suspensión parcial hasta que la Administración encuentre una solución. Pero nos encontramos con que la gente va prácticamente el día anterior a los servicios sociales.

- ¿Influye la vergüenza para que esos desahucios no tengan tanto eco mediático?

-Por una parte está eso, ya que el sentido de propiedad de una vivienda que hay en este país hace que si se tiene un problema económico parezca que sea un fracaso. Por eso creo que el protocolo de actuación debería pulirse para que haya más agilidad, aunque nos encontramos con que por la protección de datos necesitamos la colaboración de los afectados para comunicar una situación de vulnerabilidad social. Si pudiéramos hacerlo en el momento en que lo detectáramos, se pondría de manifiesto más situaciones. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que las actuaciones de las administraciones tienen que ser coordinadas.

- ¿Cree que la moción aprobada por el Concello contra los desahucios tendrá efectividad?

-Ninguna, yo hablo de buscar alternativas entre las administraciones que tienen recursos para solucionar estos problemas.

- Pero la moción incluye la búsqueda de iniciativas entre las tres administraciones.

-Eso hay que plasmarlo en un documento con el trabajen al unísono, porque es un problema global. Para mí, el Plan de Vivendas Baleiras de la Xunta es una medida maravillosa, pero A Coruña no se ha adherido y creo que por una cuestión de quién lo controla, pese a que tendría que estar por encima de los partidos, al igual que la renta social municipal, que es muy positiva. Por eso creo que hay que sentarse y trabajar en una política común.

- ¿Y no es ese el problema más difícil?

-Hay que superar los partidismos, porque estamos hablando de seres humanos. Para eso pagamos a nuestros políticos, para que defiendan el bien común. Los desahucios no se solucionarían ni aunque gobernara yo mientras haya precariedad laboral o los alquileres sigan subiendo, pero mientras no podemos resolver el problema solo con los recursos de una parte. Y hay recursos públicos para hacerlo.