El plan diseñado entre las cuatro instituciones firmantes del protocolo sobre los terrenos portuarios deja en manos de la Xunta el control sobre su futuro, ya que le concede la mayoría absoluta de la propiedad de los muelles de Calvo Sotelo y Batería. El documento establece que la administración gallega contará con el 51% del condominio que formará con la Autoridad Portuaria para gestionar los dos muelles y en el que se invita a participar al Concello y la Diputación para adquirir el 49% que quedará en poder del Puerto.
El protocolo añade que las decisiones que se adopten en el seno de la entidad que administre el condominio se tomarán por mayoría, por lo que será la Xunta el organismo que dispondrá de la última palabra sobre los usos a los que se destinarán esos terrenos, situados en pleno centro de la ciudad. De acuerdo con los convenios de 2004 para financiar el puerto exterior, en esos muelles solo se podrán instalar actividades comerciales y hoteleras, así como edificios de oficinas, usos que figuran para esos terrenos en el plan general.
En caso de que otras administraciones comprasen parte de la propiedad de la Autoridad Portuaria y esta quedase con menos del 10%, el protocolo señala que debería crearse una empresa pública para gestionar ese suelo. La negativa que ya expresaron las dos instituciones locales a integrarse en esta iniciativa hace ya innecesaria esa cláusula.
El alcalde, Xulio Ferreiro, comparó el viernes el ofrecimiento a participar en el protocolo como ser un "invitado de segunda fila en un banquete que ya tiene los platos servidos, diseñados y cocinados", por lo se rechazó entrar en una operación en la que el Concello no pueda ser "protagonista desde el principio".
