La posibilidad de que la reducción del precio del bonobús en A Coruña en los cuatro últimos meses del año pase del 30% que solicitará el Concello hasta el 50% que podría alcanzar con la ayuda de la Xunta, está condicionada a que el Gobierno central clarifique cómo se financiará esta iniciativa, según el Ejecutivo autonómico. El concejal de Urbanismo y Movilidad, Francisco Dinís Díaz, anunció el jueves durante el pleno que negocia con el Ministerio de Transportes la reducción del 30% que se concederá a los bonos del transporte urbano el último cuatrimestre del año para hacer frente a la inflación y destacó que con la ayuda de la Xunta esa rebaja podría llegar al 50%.
Si el ministerio aprueba finalmente la rebaja del 30% para A Coruña, el viaje con bonobús pasaría de los 75 céntimos actuales a los 52, mientras que con la ayuda adicional de la Xunta se situaría en torno a los 37 céntimos.
Pero la administración autonómica, consultada por este diario, destaca que es necesaria una mayor concreción por parte del Gobierno central sobre esta línea de ayudas, ya que hay muchos interrogantes abiertos. Fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade señalaron que el pasado miércoles se celebró la Conferencia Nacional de Transportes, en la que participó la Xunta, y que en la misma el ministerio cifró en 100 millones la partida destinada a financiar la reducción de los bonos en el transporte interurbano, que es competencia de las comunidades autónomas.
Pero Transportes no detalló qué cantidad será destinada a cada una de ellas, cuando Madrid apuntó que necesitará 80 millones para aplicar esa rebaja, lo que dejaría una cifra exigua para el resto de las comunidades. Esto hace pensar a los gobiernos autonómicos que se verán obligados a costear la mayor parte del recorte del precio de los bonos, a lo que se sumaría la cantidad precisa para reducir un 20% más los del transporte urbano en las ciudades, como plantea el Gobierno local coruñés.
También ponen de relieve las fuentes autonómicas las dudas expresadas por las comunidades acerca de este sistema, ya que si el Ejecutivo central decide prorrogarlo al inicio del próximo año, se verían obligadas a seguir financiando la reducción de los bonos, con el coste que eso supone.
Otro de los problemas que puede surgir es que la inflación continúe la actual senda alcista y, tras el final de las ayudas, se proceda a la revisión de las tarifas por parte de las compañías que prestan el servicio, tanto en las líneas urbanas como en las interurbanas. Ese escenario implicaría pasar de un precio muy reducido en el último tramo del año a otro muy elevado al actualizarse con relación al IPC al inicio del siguiente.
Para la administración gallega, el verdadero problema en el precio del transporte no se encuentra en los autobuses, sino en el ferrocarril, ya que el transporte por carretera de titularidad autonómica ofrece a los usuarios descuentos y es gratuito para los menores de 21 años, mientras que el gestionado por las ciudades también cuenta con importantes rebajas, situación que no se produce en el mismo grado con los trenes.
