La Inspección de Trabajo y Seguridad Social descubrió en 2010 a 571.864 trabajadores en situación irregular en todo el país, 19.692 en Galicia de un total de 5.475 infracciones que registró en la comunidad autónoma. Las sanciones económicas rozaron los 250 millones de euros en el conjunto del Estado, según hizo público ayer la Delegación del Gobierno.
Entre las infracciones descubiertas se encuentran el incumplimiento de la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social —que hasta ahora se castigaba con multas de entre 626 a 6250 euros— y compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones por desempleo y otras ayudas públicas
La Delegación del Gobierno en Galicia acaba de iniciar una campaña informativa para dar a conocer los pormenores del decreto aprobado por el Ejecutivo central contra la economía sumergida a través de reuniones con los sectores en los que el plan contra el empleo ilegal tiene una mayor incidencia.
En estos encuentros, las autoridades incidirán en el endurecimiento de las sanciones. Por incumplir con la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social serán de entre 3.126 a 10.000 euros. En el caso de compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones de desempleo y otras ayudas públicas incompatibles, la sanción establecida va de los 10.001 euros hasta los 187.515.
Las cuatro subdelegaciones del Gobierno gallegas desarrollarán reuniones con colectivos de empresarios, cámaras de comercio, colegios de economistas y gestores, entre otros. Hasta el 31 de julio, los empresarios que ocupen trabajadores de manera irregular, por no haber solicitado su afiliación inicial o alta a la Seguridad Social, podrán regularizar la situación de los mismos sin recibir sanciones, a partir de ahí "la economía sumergida se perseguirá con saña", según declaró el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, en un acto reciente.
Periodo de gracia
El Ejecutivo ofrece así un periodo de gracia que beneficia a los empresarios, que no sólo no serán sancionados, sino que podrán beneficiarse de las reducciones y bonificaciones que conlleve el tipo de contrato que realice. Una vez superado el proceso voluntario de regulación se adoptarán medidas contundentes contra la ocupación irregular de trabajadores. La delegación del Gobierno hace especial hincapié en el endurecimiento de las multas a las empresas que tengan entre su plantilla a personal irregular. Durante su campaña informativa, el departamento que dirige Miguel Cortizo explicará a los empresarios el plan complementario de inspecciones que se llevará a cabo para localizar, identificar y sancionar a los posibles infractores.
Además de endurecer las sanciones administrativas, el plan del Gobierno incluye otras dos medidas para combatir la economía sumergida. La primera supone imponer a las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de su propia actividad o cuyos trabajadores presten servicios en la empresa principal de forma continuada, la obligación de comprobar que los trabajadores de las contratas y subcontratas están dados de alta en la Seguridad Social. No hacerlo se considera una infracción grave, que está sancionada con multas de entre 626 y 6.250 euros. Esta infracción no estaba tipificada hasta la entrada en vigor del nuevo plan y no existía ninguna sanción. La segunda medida supone "excluir de la posibilidad de contratar con el sector público a las empresas que resulten sancionadas por infracción grave en materia de empleo no declarado", según informa la Delegación del Gobierno en Galicia.
La institución sostiene que el objetivo de su campaña informativa y de sensibilización pública es lograr el afloramiento de la economía sumergida e incrementar la conciencia social contra el fraude a la Seguridad Social que supone el empleo irregular, "que genera enormes perjuicios al país".
Las cifras que alcanza la actividad sumergida en estos momentos en España asciende al 23,5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, unos 244.100 millones de euros, según un informe reciente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En Galicia, el empleo sumergido mueve al año unos 4.700 millones de euros, equivalentes al 8,9% del PIB gallego.
Por este motivo, el departamento que dirige Miguel Cortizo destaca que el plan extraordinario del Gobierno ayudará a la recuperación económica del país y a cumplir los objetivos nacionales de reducción del déficit público.
Comisiones Obreras, sin embargo, critica el plan del Gobierno contra el empleo ilegal al considerar que es "una amnistía para los empresarios defraudadores", "vulnera los derechos de los trabajadores" y "no actúa sobre el fraude fiscal" de la economía sumergida.
