La resolución se produce después de que el Ayuntamiento de Landau (Alemania) excluyese en 2013 a la empresa RegioPost de la participación en un procedimiento de contratación pública sobre reparto postal porque no había declarado, como exigían las bases de la licitación, que se comprometía a pagar un salario mínimo al personal que realizaría el trabajo en caso de ser el adjudicatario.
El anuncio y el pliego de condiciones aludían a una Ley del Land de Renania-Palatinado donde está este ayuntamiento que obliga a que en contratos públicos las empresas y subcontratas deben prometer pagar al personal un salario mínimo de 8,70 euros brutos por hora (en aquella época aún no había salario mínimo obligatorio fijado en el convenio del sector postal).
La empresa presentó un recurso contra su exclusión al entender que existía una directiva europea que permite este tipo de exigencias en los contratos si éstas son compatibles con el Derecho de la Unión. Ahora el Tribunal Europeo ha resuelto que esta directiva no se opone a una normativa que permite excluir de un proceso de contratación pública a licitadores y subcontratas que se nieguen a comprometerse, mediante una declaración escrita presentada junto a la oferta, a pagar un salario mínimo predeterminado al personal que realizará el trabajo.
