Más de 163.000 hogares de Galicia no pueden mantener una temperatura adecuada en su casa. Son el 15% de las familias de la comunidad. Y el 7%, cerca de 75.000, se vieron obligados durante 2015 a retrasar el pago de alguno de los servicios, incluidos los recibos de la electricidad o el gas. El fenómeno de la pobreza energética salió a a la luz por los devastadores efectos de la crisis económica, la merma de ingresos por la imparable subida del paro y el incremento de los precios en este tipo de suministros durante los últimos años. La Xunta lanzó a mediados de 2014 el ticket eléctrico. Un plan de ayudas de entre 180 y 300 euros para que las familias con menos recursos pudieran asumir el desembolso de la luz. A finales del pasado ejercicio firmó además un convenio con las principales compañías distribuidoras para evitar el corte del suministro. Dos medidas de las que se beneficiaron hasta ahora unos 4.000 hogares.

Suelen ser casos compartidos. Los que acuden a la Consellería de Economía, Emprego e Industria en busca de auxilio para no quedarse sin servicio eléctrico acaban también recibiendo luego el ticket.

Según los últimos datos del departamento que dirige Francisco Conde, el número de peticiones alcanzó las 254. Los receptores de las ayudas -hogares con menores al cargo y con ingresos que no superen 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), fijado este año en los 532 euros mensuales- alcanzan los 4.000. En total, el gasto de la Xunta en ambas iniciativas salta por encima del medio millón de euros. "El ticket cuenta con un presupuesto de más de dos millones, que se aumentará en el momento que se consuma", aseguran en la consellería.

El director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, firmó ayer con Cáritas un convenio para que la organización, una de las que más trabaja con los más desfavorecidos, divulgue la existencia de las ayudas para que así puedan beneficiarse de ellas. "Son un punto de partida", resalta el director de Cáritas en la diócesis de Santiago de Compostela, José Antonio Mouriño, que aprovechó el momento para reclamar más apoyo público "porque en Galicia hay gente que incluso muere de frío". La diócesis de Santiago gastó en 2015 unos 100.000 euros en pagar el recibo a 10.000 familias.