La convocatoria hoy, Día de los Santos Inocentes, del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y justo después del comité ejecutivo suena a broma en parte de la patronal en la comunidad, inmersa en un culebrón interno de difícil solución. Por si la división entre asociaciones provinciales y sectoriales fuera de por sí poco problema, su actual presidente, Antón Arias, echa leña al fuego con el amago de llevar a los tribunales a sus dos predecesores en el cargo, José Manuel Fernández Alvariño y Antonio Diéter Moure, dos de los miembros de la CEG que más lo cuestionan y que llegaron a convocar una comparencia pública el pasado octubre para solicitar su dimisión. "No es un presidente legítimo", criticaron, tras la polémica desatada por Arias por sus declaraciones públicas respecto a los salarios o el conflicto con Cataluña.
El comité ejecutivo de la CEG decidió en la reunión celebrada pocos días después de esa rueda de prensa la posibilidad de demandar a Fernández Alvariño y Diéter por los presuntos delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida. Fue, concretamente, el día 30, aunque la noticia no transcendió a pesar de que la propia patronal remitió un comunicado a los medios de comunicación para dar cuenta de algunos de los asuntos tratados y, de paso, arremeter contra la confederación ourensana, a la que acusó de marear la perdiz con la reforma de los estatutos impulsada por Arias. Los empresarios ourensanos salieron a negar que estuvieran al tanto de las modificaciones y, junto con la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), reprobaron los planes del presidente y pidieron su dimisión.
La noticia de que el comité ejecutivo de la CEG también decidió ese día someter a la próxima asamblea, sin fecha todavía, las vías legales contra los dos anteriores presidentes no estaba en el comunicado de prensa. La adelantó ayer Economía Digital. A las preguntas para confirmarla, ayer la CEG se limitó a decir que se trata de "información interna". Este periódico pudo verificar que realmente es así. Lo recoge la copia del acta de la reunión que la patronal empezó a enviar ayer a las provinciales y sectoriales. Se trata, según las fuentes consultadas, de un pequeño párrafo, sin más explicaciones. Aunque todo apunta a que el comité ejecutivo, único órgano de la CEG en el que Arias conserva una mayoría clara, quiere poner en manos de la Justicia los contratos de alquiler del coche para el presidente y el seguro de la sede de la patronal firmados por José Manuel Fernández Alvariño con empresas de su grupo.
El expresidente mostró ayer su absoluta tranquilidad y recordó que el gasto se redujo "considerablemente" en comparación con los contratos anteriores, formalizados por Antonio Fontenla cuando estaba al frente de la CEG. Fernández Alvariño no quiere "dar pábulo a estas cosas" . Hoy estará en la reunión de la junta. "Los estatutos marcan que hay que convocarla seis veces al año. En abril fue la última vez. Y con esta van tres", recordó.
En el caso de Diéter, el Comité Ejecutivo de patronal de Pontevedra quiere actuar por el contrato firmado con el que fue secretario general, Fausto Santamarina, en junio de 2016. La indemnización fijada quedaba al margen de los recortes salariales activados en aquel momento ante la debilidad de las cuentas de la entidad.
La convocatoria para el comité ejecutivo de hoy se realizó con dos días de antelación, algo que no ha gustado nada en las patronales de Pontevedra y Ourense, las más críticas con Arias. El orden del día incluye la propuesta de acuerdo para marcar la fecha de la asamblea general ordinaria que teóricamente iba a debatir la cada vez más lejana reforma de los estatutos. También está previsto abordar la "situación económica de la CEG", aunque no se ha hecho llegar a los miembros del comité la documentación necesaria para conocer si se pondrá sobre la mesa toda la información necesaria, incluido el informe de auditoría.
