El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó esta mañana un plan para dinamizar el uso del gallego en los ámitos social y económico impulsado por la Dirección Xeral de Política Lingüística en colaboración con la Real Academia Galega (RAG) y otras instituciones. Pidió a la oposición que se sume a este programa.
Feijóo defendió la política lingüística de la Xunta, pese a las críticas, y tras la petición del BNG de que rectificase y formulase un nuevo programa para la lengua propia. El presidente alegó que, en todo caso, "ahora hay más gente que conoce el gallego y más gente que también sabe escribir en gallego".
Tres días después de la multitudinaria manifestación a favor del gallego que recorrió las calles de Santiagogallego y tras encomendar al nuevo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la búsqueda del "consenso" en esta materia y el resto de sus áreas, el presidente ha subrayado que le gustaría contar con la oposición para el impulso de este plan "dinamizador" que ha avanzado.
Lo ha hecho en una sesión de control en la que ha recibido duras críticas del portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, quien le ha exigido que "rectifique su política lengüicida" y renuncie a ser "servidor de la doma y castración del gallego", tras esgrimir la encuesta del Instituto Galego de Estatística (IGE), que refleja la caída de hablantes en gallego.
AUSTERIDAD
En la misma sesión de control, el presidente gallego defendió las políticas de austeridad. Argumentó que los recortes no son la causa de la crisis, "sino que son la consecuencia de no saber atajar a tiempo los primeros síntomas de la recesión", de lo que culpó al PSOE.
DEPENDENCIA
Frente a las críticas de los socialistas de que había 7.000 personas que murieron sin cobrar la prestación de dependencia teniendo derecho a ella, Feijóo replicó que si en 2009 solo el 30% de los reconocidos como dependientes recibían el subsidio, esa cifra ascendió a 68.5% en su gobierno.
Como réplica, el portavoz socialista Méndez Romeu censuró la actitud del Valedor do Pobo por no dar respuesta a las demandas de los dependientes y plegarse a los intereses de la Xunta. "Un alto funcionario cobra 100.000 euros para aplastar los ciudadanos", sentenció.
