El 10 de diciembre de 2020 tuvo como protagonistas, en una jornada inolvidable para los presentes, a unas llaves. Las del pazo de Meirás, que aquel mediodía lluvioso pasaron por diversas manos: primero, de las de la jueza, Marta Canales, a las de la abogada del Estado, Consuelo Castro, en la Torre de la Quimera. Luego, ante un auditorio compuesto por medio centenar de medios de comunicación, la letrada se las legó a la subsecretaria de Hacienda. Con ese gesto, el pazo de Meirás pasaba a formar parte del patrimonio del Estado. Un año después, con el 2021 ya tocando a su final, se demuestra que los que asistieron al momento con prudencia hicieron bien en ser precavidos: las incógnitas con respecto a sus usos, la gestión de sus visitas, la titularidad de sus bienes interiores y la del propio Pazo todavía se debaten en los tribunales.
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña declaró, en septiembre del año pasado, que el pazo de Meirás era propiedad del Estado. Tras la ejecución provisional de la sentencia, que se hizo efectiva con la entrega de llaves, la Audiencia Provincial ratificaba, previo recurso de los herederos del militar golpista, que el pazo era de propiedad pública, pero condenaba al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos de mantenimiento contraídos desde 1975. Aunque en un principio el Gobierno declinó interponer recurso, el ejecutivo central finalmente decidió recurrir el fallo al Tribunal Supremo, al igual que el resto de administraciones implicadas. La familia Franco hizo lo propio. La propiedad de Meirás, un año después del traspaso de llaves, sigue pendiente del fallo del Supremo.
Con el continente en el limbo, el contenido de Meirás está inmerso en su propio proceso independiente para determinar a quién pertenecen los muebles, obras de arte y demás objetos que albergaba el pazo en el momento de la ejecución de la sentencia. Un proceso que ha pasado por distintas fases y en el que, de nuevo, los nietos de Franco se tendrán que ver las caras con el Estado, la Xunta, la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña en una vista pública que se celebrará los días 13 y 14. La vista viene precedida por varios aplazamientos y vaivenes, que empezaron cuando la Audiencia revocó el depósito cautelar de estos objetos argumentando que no habían sido reclamados por el Estado. Todas las administraciones, de nuevo, recurrieron el dictamen, pero solo el Estado y el Concello de Sada presentaron incidentes de ejecución, que diferían en la cantidad de bienes que debían permanecer o no en Meirás. La Xunta, la Diputación y el Concello de A Coruña optaron por adherirse al incidente del Gobierno central, y los Franco por defender su derecho a llevarse todo, salvo 78 elementos inseparables de Meirás. La Xunta declaró recientemente haber llegado a un acuerdo con el Estado para declarar los bienes ligados al sitio histórico como Bien de Interés Cultural. Todas las partes tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos sobre a quién pertenecen los tesoros de Meirás en quince días.
Con todas las incógnitas sobre la mesa, en julio de 2021 los jardines de Meirás abrieron por primera vez desde el intercambio de llaves. Lo hicieron para albergar a un público prioritario: víctimas del franquismo, colectivos memorialistas y descendientes de represaliados. Allí se dieron cita perseguidos sadenses como Amable Carballeira, presos gallegos del franquismo como Xan Castro o Manuel Villares y familiares de luchadores contra la represión franquista como Amalia Bóveda, hija de Alexandre Bóveda, Camilo Díaz, hijo de Isaac Díaz Pardo, o María Flor Baena, hermana de Humberto Baena Alonso.
