El Concello ha denegado los permisos de ocupación a seis naves industriales ubicadas en Galán, en la parroquia de Oseiro. Este micropolígono empresarial, en el que desarrollan su actividad varios comercios, fue construido en 2005 por la promotora Naves Coruña en una parcela calificada como suelo rústico por las normas subsidiarias.
La junta de gobierno, reunida en sesión ordinaria el pasado mes, acordó por unanimidad denegar los permisos a la constructora, así como la devolución de los avales depositados para responder de las obras de urbanización.
El Ayuntamiento tomó esta determinación tras conocer las conclusiones del informe emitido el pasado 26 de mayo por la arquitecta municipal, que desvelaba la existencia de una vivienda que ocupa la mitad de la superficie destinada a oficinas de una de las naves.
Esta casa, en la que reside actualmente una familia, dispone de acceso desde la planta inferior de la nave y desde una terraza de la parte trasera. Cuenta con cocina, salón, tres dormitorios y dos baños, según constató la técnica, que advierte en su informe que su existencia no aparece reflejada en el proyecto técnico que sirvió de base para el otorgamiento de los permisos.
A esta anomalía se suman otras. La arquitecta constató que en la mayor parte de las naves no se construyeron las entreplantas proyectadas, ni las destinadas a oficinas. Las naves, que fueron construidas según el proyecto técnico de Ramón Blas Tojo Ferrero -arquitecto que declaró en mayo como imputado por redactar proyectos para las sociedades promovidas por el ex alcalde, Manuel Pose- disponían de una licencia de obra concedida en 2003 que es nula al vulnerar la legislación urbanística.
El Concello ha notificado a la Axencia da Legalidade Urbanística el acuerdo por el que deniegan los permisos a la promotora Naves Coruña, y ha trasladado también al organismo autonómico los resultados del informe emitido por los servicios técnicos municipales. La Xunta ya incoó el pasado marzo un expediente de reposición de la legalidad urbanística de estas seis naves que todavía no ha concluido.
En el caso de que el expediente concluya en una orden de derribo de las naves, el Ayuntamiento podría verse obligado a indemnizar a los afectados por la concesión irregular de una licencia que no debió haber otorgado.
Actualmente, tan sólo parte de los comercios que acogen las naves continúan abiertos, y una de ellas ha colgado el cartel de "se alquila".
