Cinco empresas se rebelan contra cuatro concursos públicos del Concello para mejorar las tecnologías de comunicación de la Policía Local y la coordinación entre el 092 y los bomberos, que ya tuvo que repetirse ante el revuelo causado por la primera convocatoria. De los ocho aspirantes que se presentaron al primer concurso volvieron a concurrir sólo tres. Denuncian que el Ayuntamiento fracciona un único concurso en cuatro de forma irregular para evitar que sea impugnado y que una de las empresas que han resistido en el segundo proceso tiene ya ubicados tres repetidores en lugares donde las cláusulas indican que deben ser ubicadas estas instalaciones. Esta empresa es la única que no fue eliminada en el primer proceso. Dos de las firmas han recurrido el proceso y una amenaza con llegar a los tribunales. Una de las grandes firmas del sector en España hasta se planteó enviar una carta de queja al propio alcalde.

El Gobierno local abrió las ofertas económicas el pasado 18 de mayo para cuatro concursos, con un presupuesto que suma los 746.809,81 euros. Son para suministrar una nueva red de comunicaciones digitales entre sedes y vehículos del 092 y bomberos. A los tres días de abrir las plicas, el Ayuntamiento notificó que los cuatro concursos quedaban desiertos y que había solicitado una prórroga al Gobierno central, puesto que los equipos iban a costearse a cargo de los fondos estatales.

El reconcurso se abrió un mes después, con desbandada empresarial -de ocho aspirantes iniciales a tres- después de leer la reformulación de los pliegos. "El primer concurso lo cancelaron, descalificaron a todos menos a una y los motivos de la descalificación eran absurdos", señala Sandra Hernández, de Emte Sistemas, que ha alegado contra el proceso y decidido no volver a presentarse a la segunda convocatoria porque "parece como cerrado para una empresa, la misma que no habían descalificado en el primer concurso".

"No iba a servir de nada, lo que ha pasado ahí es un poco extraño", considera Víctor Pajares, de Indra, otra de las grandes empresas presentadas al concurso, que ha desistido, que se puso en contacto en varias ocasiones con los responsables del 092 y que incluso se planteó enviar una carta al alcalde para quejarse contra un proceso "encorsetado". "Como no es nuestra conducta habitual, no lo hicimos y no nos presentamos porque el perfil no encajaba en la línea", añade Rafael Canales, de la misma firma, "la propuesta no estaba demasiado elaborada, estaba hecha de aquella manera". En el caso de Democom, una de las tres que ha decidido presentarse al concurso, lo hace con "cierto desencanto" por el proceso. Tampoco participa ITC, que cree que se dirige "a una tecnología determinada, hacia una marca determinada para una adjudicataria determinada", según su responsable, José Antonio Ferreira. Ha presentado un recurso de reposición y amenaza con llegar a los tribunales, según ha confirmado el despacho de abogados de Xoán Antón Pérez Lema.

Todas las empresas consultadas señalan que, en primer lugar, el Ayuntamiento ha "fraccionado" un mismo concurso en cuatro partes para evitar que, según la ley de contratos públicos, se pueda impugnar el proceso. Esto es, si el contrato supera los 193.000 euros, las aspirantes tienen derecho a recurrir el proceso, que quedaría suspendido hasta la resolución de los recursos. Dos de las cuatro licitaciones son de 192.816,379 y 192.975, "que parecen milimétricamente ajustados para no resultar aplicable el régimen de regulación armonizada".

"Todos son para lo mismo, no se pueden pedir terminales en varios lotes", dicen en Emte Sistemas. "No es lo más lógico ni lo que se ajusta a la legalidad", señala Rebeca Amado, coordinadora general de Democom, que señala que en todas las comunicaciones que su empresa y otras han tenido con el Concello "siempre se ha dicho que al que se le adjudicara un concurso se le adjudicarían todos". "Nosotros vamos porque hay que ir, pero en la primera convocatoria se llegaron a abrir las ofertas económicas y ya no se puede jugar con eso porque todo el mundo se conoce sus cartas", lamenta.

Varias de las firmas indican además que el Ayuntamiento especifica una marca concreta para los terminales de comunicación, algo que prohíbe expresamente la ley para permitir que todas las empresas puedan participar independientemente de las marcas con las que trabajen y por lo que varias firmas se han autodescartado para la segunda convocatoria. Mañana 15 de julio termina el plazo para presentar nuevas alegaciones al proceso.