No se quedarán de brazos cruzados y presentarán todas las reclamaciones que consideren oportunas. Esta es la postura que tomaron ayer los propietarios de los terrenos del Agra de San Amaro tras enterarse de la prohibición de edificar en la zona y de la orden de recalificar el suelo, de urbanizable a espacio libre de titularidad privada. A la espera "de conocer los datos y motivos" esgrimidos por el Ayuntamiento y la Xunta para rechazar la construcción del polígono, a 500 metros de la Torre de Hércules, y de convocar una asamblea para concretar sus líneas de acción, la junta de compensación señala que la indemnización que corresponde a los dueños de las parcelas, y que en principio reclamarán al Ayuntamiento, "asciende a más de 60 millones de euros".
En febrero del pasado año, la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, declaró que "sería un daño innecesario a los promotores y a la junta de compensación de ese polígono volver atrás"; sin embargo, ahora el suelo será recalificado, los seis edificios proyectados no se levantarán y los propietarios de los terrenos, que los adquirieron contando con derechos de edificabilidad, temen que el Ayuntamiento "se vaya de rositas" y obvie la indemnización oportuna. "El convenio que se firmó en su momento para construir el paseo marítimo fue con el Concello, así que entendemos que debe hacerse responsable", apunta el presidente de la junta de compensación, José Ramón Fernández, insistiendo en que todavía debe informarse más "sobre el asunto" para hacer una estimación de las reclamaciones oportunas.
Fuentes del sector inmobiliario consultadas por esta redacción coinciden con Fernández al asegurar que "si la decisión la tomó el Ayuntamiento al incluir los terrenos en el Plan General de Ordenación Municipal, la reclamación debe ir contra el mismo".
"Obdulia Taboadela puede taparlo como quiera, pero está claro que este tema es como toda la historia de las expropiaciones realizadas en Someso", señala una de las antiguas propietarias del Agra de San Amaro que decidió vender sus terrenos a una promotora "cuando el planeamiento municipal de 1998 marcó la zona como edificable". Convencida de que el Gobierno local "no envió toda la documentación a la Unesco cuando presentó la candidatura de la Torre de Hércules", esta ciudadana subraya que "nada de esto habría pasado si en María Pita hubiesen sido francos desde un principio".
"Ellos (por el Ejecutivo coruñés) han firmado papeles y concedido licencias urbanísticas en su momento que conllevaron y conllevan gastos y valoraciones, así que entiendo que son quienes deben responder ante los afectados por el cambio del planeamiento", sostiene otro de los propietarios indignado por llevar "17 años esperando para ver hecha realidad la compensación por el paseo marítimo".
Para los dueños de los terrenos, el anuncio sobre la necesaria recalificación del suelo realizado ayer por la edil de Urbanismo forma parte "del juego existente entre las administraciones". Denuncian que tanto la Xunta como el Ayuntamiento "juegan a pasarse la pelota huyendo de la toma de decisiones y de la asunción de responsabilidades" y, por este motivo, temen que la indemnización correspondiente quede en el aire a no ser que acudan a los tribunales, algo que, aseguran, no dudarán en hacer "si el responsable no responde".
