La decisión de la Universidade da Coruña de levantar un edificio sin licencia urbanística en el campus de Elviña no ha sentado bien al Gobierno municipal. "El fin no justifica los medios, no pueden saltarse a la torera la legislación vigente", sentenció ayer el alcalde, Carlos Negreira, que ha ordenado abrir un expediente a la institución académica. El Vicerrectorado de Infraestructuras justifica la obra en la necesidad de dar salida a la "masificación" que sufren los centros de Ingeniería y de Informática, y defiende su forma de actuar basándose en la falta de terrenos edificables, "porque quienes deben expropiar las parcelas no lo hacen"; el Ayuntamiento, sin embargo, advierte de que "hay que cumplir la ley sin excepciones".
"Esto no es una selva, todos estamos obligados a cumplir las normas y por eso he ordenado abrir un expediente (a la Universidad) para que se ponga la situación, legal o no, en donde tiene que estar", anunció el alcalde después de que LA OPINIÓN diese a conocer que el primer módulo del área científica del parque tecnológico universitario, recepcionado hace dos días, carece de la licencia pertinente y que está amparado por el Plan de Ordenación Municipal Vigente. Sí figura en la revisión de este documento, que no ha entrado en vigor.
Negreira asegura que el Ejecutivo local no permitirá que haya "ciudadanos o entidades de primera y de segunda" y el vicerrector de Infraestructuras y Gestión Ambiental, Xosé Lois Martínez, mantiene que el departamento que dirige "ha hecho su trabajo". "El fin no justifica los medios siempre que a nosotros nos den los medios necesarios", replica el arquitecto, que explica: "La creación de una universidad exige unos medios que tienen que poner a nuestra disposición la Consellería de Educación y el Concello. Si estas entidades no nos facilitan los medios necesarios, tenemos que tomar iniciativas para buscarnos la vida". En este caso, la construcción de un inmueble mediante la incorporación de una modificación del plan parcial del campus en el documento del Plan General de Ordenación Municipal que aún no ha entrado en vigor.
Pese a la supuesta sorpresa del alcalde ante la construcción ilegal ejecutada por la Universidad, y la consecuente apertura de un expediente, el vicerrector considera que la Corporación local era consciente de la existencia de la modificación incluida en el plan general -actualmente en revisión-. "El actual equipo de gobierno de la Universidad tramitó ante el Concello, en 2005, una modificación del plan para convertir aparcamientos en terrenos edificables sobre los que construir edificios de este tipo -destinados a aularios, grupos de investigación, laboratorios y despachos de profesores- que fue aceptada por el Ejecutivo local en el documento provisional", recuerda Martínez.
El vicerrector lamenta que el Ayuntamiento "no realice, desde hace siete años, las expropiaciones a las que se comprometió junto a la Consellería de Educación en el plan general de 1990". "La Universidad es una de las potencias más fuertes que tiene el Concello en sus manos y nosotros no podemos esperar; no podemos estar siete años sin resolver el problema de masificación de alumnado y profesorado de la facultad de Informática y la escuela de Caminos", indica Martínez, y añade: "Como profesor de la Universidade da Coruña, considero que no es admisible la situación de las facultades -con 2.200 alumnos, más profesores, en un centro diseñado para mil personas-. Si no nos dan los medios, nosotros conseguiremos los fines a través de medios propios, que son legalizables porque así lo propusimos en 2005".
El primer módulo de los cinco que conforman el proyecto diseñado por el arquitecto César Portela para el área científica del parque tecnológico fue recepcionado hace dos días por el vicerrector de Infraestructuras. Consciente de que el edificio carece de permiso urbanístico -Martínez admite que el departamento que dirige no solicitó la licencia pertinente al Gobierno local "porque no la iba a conceder"-, el profesor destacó el aumento del número de aulas, laboratorios y despachos que supone el proyecto y avanzó "las grandes ventajas" que propiciará la pasarela que, una vez concluido el complejo, facilitará el acceso al parque tecnológico desde las facultades y la parada de autobuses, y viceversa.
El concejal de Territorio, Martín Fernández Prado, se comprometió ayer con los representantes de los cooperativistas a que se levantará la suspensión de las obras de urbanización antes de un mes y medio. Les explicó que la próxima semana se girarán las primeras cuotas, que se calcularon en función de la diferencia de lo que tienen que pagar los propietarios del suelo y los derechos de indemnización. Además, los propios funcionarios municipales notificarán en persona los recibos, para que el cobro sea más ágil. Los cooperativistas se mostraron satisfechos por el anuncio, aunque avisan de que seguirán atentos al devenir de la tramitación.
El alcalde, Carlos Negreira, criticó la "parcialidad" del cooperativista que denunció al Ayuntamiento por prevaricar con la paralización de las obras. "No me va a encontrar porque estoy preocupado por dar soluciones dentro del sentido común", afirmó el alcalde. La portavoz del grupo socialista, Mar Barcón, reprochó al primer edil que la querella "menoscaba la imagen del Ayuntamiento" y recordó que significa que el promotor que impulsa la denuncia "acusa al Gobierno local de tomar una decisión injusta y sabiendo que lo es".
Reversionistas
La mayoría de los primeros expropiados del ofimático -llamados reversionistas porque la justicia obliga a la Xunta a devolverles los terrenos- acordaron ayer denunciar al Instituto Galego de Vivenda e Solo por pretender darles unos solares que ya habían sido vendidos a los cooperativistas. En próximos días presentarán la querella penal en los tribunales.
